Después de año y medio de duros debates, la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso) aprobó ayer por aplastante mayoría una ley antiterrorista que, en determinados casos, supondrá un importante recorte de las libertades y derechos de la población. El proyecto permitirá además a las Fuerzas Armadas rusas derribar aviones secuestrados o atacar bases terroristas en el extranjero.

El terrorismo checheno se viene cebando con Rusia desde hace tiempo, pero ha sido ahora cuando los legisladores han superado las discrepancias y han dado luz verde a la ley. El documento deberá ser ahora aprobado en el Consejo de la Federación (Cámara Alta) y firmado por el presidente Vladímir Putin. La tragedia en la escuela de Beslán, en donde murieron 330 personas, en septiembre de 2004, fue lo que hizo comprender a las autoridades rusas que el país necesitaba dotarse de una reglamentación antiterrorista.

Las divergencias surgidas entre los distintos grupos parlamentarios e incluso dentro del partido del Kremlin, Rusia Unida, habían venido retardando la aparición de la ley. Hace dos semanas, coincidiendo con la promulgación de un decreto presidencial en materia de terrorismo, el Kremlin instó a los diputados a ponerse de una vez de acuerdo. Su decreto disponía la creación del llamado Comité Nacional Antiterrorista (NAK), estructura que tendrá como principal misión coordinar los distintos órganos federales y locales además de unificar la cadena de mando cuando haya que emplear la fuerza para hacer frente a una amenaza terrorista real o hipotética.

Medidas

Estas medidas podrían ser aplicadas sólo después de que el Parlamento aprobara la ley antiterrorista. En su texto se regula la actuación de las fuerzas de seguridad con arreglo a dos regímenes: el «estado de excepción» y la «operación antiterrorista». En ambos casos, muchas de las garantías y derechos recogidos en la Constitución del país pueden quedar en suspenso. Las autoridades podrían limitar el desplazamiento de personas e incluso prohibir actos públicos. No sólo manifestaciones o mítines, sino incluso espectáculos. Los servicios secretos por su parte, podrán controlar llamadas telefónicas y correo electrónico. Permite también efectuar registros domiciliarios sin previo aviso y mantener bajo arresto a cualquier persona sin presentar cargos concretos más de las 72 horas que establece la ley. Lo más polémico ha sido la posibilidad que se da al Ejército de derribar aviones secuestrados. Se temía que cualquier aeronave que, por razones técnicas, se desviará de su ruta o perdiese la comunicación con la torre de control podría ser objetivo inmediato de los cazas de la Fuerza Aérea rusa.

Aunque tal peligro sigue existiendo, se han establecido toda una serie de comprobaciones previas antes de abrir fuego. Por otro lado, la ley preveía el total bloqueo informativo en caso de atentados terroristas, pero se levantaron finalmente las restricciones a los medios de comunicación. Para intentar salvar las vidas de los rehenes, la ley permite llevar a cabo conversaciones con los terroristas, pero prohíbe terminantemente negociar sus «demandas políticas». Todos estos cambios han hecho posible la aprobación de la ley.

La principal demanda de los comandos terroristas chechenos que secuestraron el teatro Dubrovka de Moscú en octubre de 2002 y la escuela de Beslán en septiembre de 2004 era la retirada del Ejército ruso de la separatista Chechenia. En cuanto a la posibilidad de utilizar el Ejército para atacar bases terroristas fuera del país, es prerrogativa del jefe de Estado, quien sólo está obligado a informar a la Cámara Alta del Parlamento.