La República Árabe Saharaui Democrática ha cumplido tres décadas de vida entre la falta de reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional y la férrea voluntad de un pueblo que lleva treinta años sobreviviendo en condiciones muy duras. España, potencia a la que la ONU obligó a un proceso de descolonización de la región como requisito para su ingreso en esa organización internacional, ha defendido desde 1975 que el desenlace político del conflicto en la antigua colonia está pendiente de un referéndum, puesto que los 'acuerdos de Madrid' entregaron a Marruecos la administración, pero no la soberanía del territorio. Ahora, el Gobierno español ha variado su política respecto de la situación que vive el Sáhara Occidental. Y lo ha hecho, pese a que la causa saharaui tiene amplio respaldo en la sociedad española, para acercarse hacia las posiciones marroquíes, una estrategia que pasa por la concesión de una autonomía saharaui pero nunca por el posterior referéndum de autodeterminación previsto en el Plan Baker II de las Naciones Unidas.

Los gobiernos de la democracia no deben sentirse responsables de lo que ocurrió en los estertores de la dictadura franquista. Si de por sí resultaría injusto culpar a los ministros de entonces por no haber resistido el empuje de la Marcha Verde de Hassan II cuando los propios independentistas saharauis llevaban a cabo incursiones militares contra posiciones españolas y las Naciones Unidas presionaban para que Madrid zanjase su disfunción colonial, buscar alguna responsabilidad histórica de los posteriores ejecutivos es todavía menos aceptable. Y debe evitarse ese sentimiento porque, merced a él, la posibilidad de que se encuentre la salida más cómoda, que siempre es la del más fuerte, podría hacer que se olviden reivindicaciones justas en derecho. Si hay que señalar un gran responsable de la situación que vive el Sáhara, ése es el reino de Marruecos y su intransigente posición. Más aún cuando la escalada de la que ya se conoce como 'intifada saharaui' no hace sino avisar sobre la necesidad de solucionar un problema que podría reactivarse en cualquier dirección y que ya no puede pasar por la interminable prórroga de las misiones de la ONU, con 15 años de permanencia en la zona. Rabat debe comprender que, lejos de extinguirse, la reivindicación saharaui se ha reubicado en la agenda internacional y que no puede seguir jugando a la estrategia de que el siguiente paso lo tienen que dar los otros, y además para amoldarse a 'su' realidad.