La Policía filipina presentó ayer cargos de rebelión contra dieciséis personalidades, entre ellos militares derechistas y opositores de izquierda, por conspirar supuestamente para tomar el poder la semana pasada. Las acusaciones se tramitaron en medio del estado de emergencia nacional declarado por la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, el viernes, después de anunciar que las autoridades habían evitado un golpe de Estado.

El Ejecutivo mantiene desde entonces la versión de que militares descontentos de derechas se unieron a opositores de extrema izquierda y a la guerrilla comunista Nuevo Ejército del Pueblo (NEP) con el fin de destituir a la presidenta Arroyo, quien, desde hace un año, es acusada por sus detractores de corrupción y fraude electoral y presionada para que dimita. Así lo recordó ayer el director del equipo legal del Grupo de Detección e Investigación Criminal de la Policía, Virgilio Pablico: «El movimiento de izquierdas y de derecha ha conspirado para derribar el Gobierno constitucional».

De los dieciséis acusados, dos ya están detenidos: el diputado Crispín Beltrán del partido de izquierda Anakpawis, quien fue arrestado junto con su esposa el sábado; y el teniente Lawrence San Juan, miembro del grupo de 300 militares que se alzó contra Macapagal Arroyo en julio de 2003.

La lista incluye además, entre otros, a José María Sison, presidente del PCF y exiliado en Holanda; y al ex senador Gregorio 'Gringo' Honasan, quien participó en varias intentonas de asonadas durante la presidencia de Corazón Aquino (1986-92). También han sido inculpados de los mismos cargos los diputados y líderes de Bayan Muna (partido Pueblo Primero) Satur Ocampo y Teddy Casiño, quienes el sábado consiguieron escapar cuando iban a ser arrestados.

Casiño se encontraba ayer reunido en el Congreso con el presidente de la Cámara, José de Venecia, para «tratar de arreglar la situación, pues en cuanto salga de aquí me van a detener». El diputado calificó de «locura que supera todos los límites de la imaginación» la versión oficial de que existe una conspiración entre la derecha y la izquierda para derrocar a la presidenta.

«Las acusaciones no son serias, ni ellos mismos se las creen. Esto es un caso de acoso, lo único que pretenden conseguir es callar a Bayan Muna y otros representantes de izquierdas en la Cámara», afirmó el líder de Pueblo Primero, quien recordó que desde que Arroyo llegó al poder en 2001 cerca de ochenta militantes de su partido han sido asesinados.

Tampoco ayer cesaron las manifestaciones. Varias decenas de personas de izquierda trataron de llegar hasta la sala de sesiones del Congreso para protestar por la detención de Beltrán y los intentos de arrestar a otros legisladores, pero la Policía se lo impidió.

Sin clases

Pero en la lista de personas que serán acusadas de participar en la supuesta conspiración no se encuentran ni el general de brigada Danilo Lim, ni el coronel Ariel Querubin, los dos militares que, según la versión oficial, pretendieron la semana pasada movilizar a sus hombres para dar un golpe de Estado. Ambos fueron suspendidos en la madrugada del viernes, cuando al parecer se neutralizó la intentona de asonada, pero el segundo protagonizó el domingo una nueva crisis cuando protestó durante seis horas con cientos de sus hombres en Fort Bonifacio, cuartel general de los Marines, por la destitución de su antiguo comandante, el general Miranda. Tras horas de negociaciones, la crisis finalizó por la noche con el restablecimiento de la cadena de mando y la aceptación por parte de los soldados de su nuevo comandante.

En medio de la tensión, el Gobierno anunció que ayer quedaban suspendidas las clases en todos los niveles, en un intento de evitar manifestaciones estudiantiles de protesta por la ley de emergencia. Y con la intención de justificar el control policial impuesto a un diario opositor de Manila y la advertencia de que se cerrarán aquellos medios que llamen a la rebelión, el director de la Policía Nacional, Arturo Lomibao, indicó que «la libertad de prensa tiene un límite, y éste es el de la ley».