La CEOE rechazó ayer que en el Anteproyecto de la Ley de Igualdad se impongan medidas legales para conseguirla entre hombres y mujeres, y pidió que la futura norma incluya una memoria económica que permita conocer el coste de las propuestas que recoja. El Gobierno tiene previsto aprobar la ley en el Consejo de Ministros del viernes.

El Ejecutivo propone en el texto -que han rechazado UGT y CC OO- un permiso de paternidad de diez días completos -los dos actuales más otros ocho- o de dieciocho a tiempo parcial -los dos legales, más otros dieciséis-, y que las empresas de más de 250 trabajadores estén obligadas a negociar medidas de igualdad en el convenio colectivo. La CEOE advierte de que la «imposición» por la vía legal de medidas de carácter obligatorio «no siempre se traduce en igualdad real» e incluso puede ser «contraproducente» para los colectivos a los que se pretende favorecer.

Para la patronal, resultan «más eficaces» medidas de estímulo que se pacten en la negociación colectiva y que favorezcan la aplicación progresiva de iniciativas de igualdad que no afecten a la competitividad de las empresas. Las políticas de igualdad deben contemplar, según la CEOE, la diversidad del tejido productivo y tener en cuenta que las empresas se rigen, fundamentalmente, por criterios de eficiencia e idoneidad.