La mayor parte del fraude detectado por la Diputación no se nutre de tramas organizadas, sino de 'olvidos' de contribuyentes particulares. De los 385 millones que han aflorado en lo que va de legislatura, sólo 55,3 se enmarcan en delitos fiscales. El resto son irregularidades de menor importe que sumadas adquieren un gran peso en las arcas forales. El 44% del dinero que ha escapado al control público corresponde al IVA, aunque la mayor parte de las actuaciones realizadas, más de un millón, afectan al IRPF.

El diputado de Hacienda expresó ayer su confianza en recuperar «casi todo» el dinero, aunque no se aventuró a marcar plazos. Las prácticas más comunes siguen la vía administrativa y el tribunal económico foral, el TEAF, las resuelve en el plazo de un año. Sin embargo, los infractores siempre pueden recurrir a la justicia ordinaria.

Los delitos siguen la vía penal. El proceso es complejo y se prolonga durante «varios años». Al final, es el juez el que fija las sanciones que se sumarán a las cantidades defraudadas y los intereses dependerán de la duración del litigio. También puede haber penas de cárcel «que, a partir de dos años, se cumplen», añadió Iruarrizaga. En los delitos, el protagonismo del IVA es absoluto, tanto en el número de actuaciones como en su importe.

La Diputación ha ampliado su plantilla de inspectores con 15 nuevos efectivos. El 99% del fraude descubierto es fruto del «trabajo propio» del Departamento de Hacienda, pero «a veces recibimos anónimos denunciando situaciones irregulares que se investigan».