El vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, acaba de hacer público que el Estado ha gastado 10.000 millones de euros menos de lo que ingresó el año pasado. Lo que equivale a un poco más del 1% del PIB y se explica porque las cuentas del propio Estado y de la Seguridad Social han arrojado resultados positivos que compensan los negativos de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Es la primera vez en todo el periodo democrático español que el Estado genera un superávit en sus cuentas. El buen rendimiento de la economía y de la máquina recaudatoria estatal han generado un incremento de los ingresos del 14% con respecto al año anterior, y la creciente participación laboral ha hecho el resto.

Sin embargo, sería imprudente considerar que nuestras cuentas públicas están saneadas. El 'saneamiento' del que habla Pedro Solbes ha de ser reexaminado a la luz del balance final del gasto público. El superávit de las administraciones se ha conseguido merced a la buena marcha de la economía y pese a un incremento sin precedentes del gasto público, no por una reducción de la carga impositiva acompañada por una rebaja aún mayor en el gasto, que sí sería el 'binomio mágico' de una gestión impecable. De hecho, los pagos del Estado han crecido durante el pasado año más del 10% con respecto a 2004, y aunque las cuentas estén en equilibrio, estas cifras deberían servir de aviso ante los riesgos de una falta de contención. El gasto público español esconde, además, una tendencia peligrosa hacia la irresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.

Con una economía en expansión que crece muy por encima de la media europea, el gasto público debería estar portándose como contrapeso, en vez de acelerador, y si se cree en la idea de que es posible conseguir la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, el superávit en un momento de expansión como éste debería ser mayor. En caso contrario, cuando el ciclo se invierta y las políticas keynesianas del Gobierno le asignen el papel de motor activo para salir de la crisis, la capacidad de respuesta pública de nuestra economía se verá condicionada y muy limitada.