Un centenar de bares, restaurantes y discotecas vizcaínas se ven inmersas cada año en procesos judiciales por negarse a pagar las tarifas mensuales a la Sociedad General de Autores Española. La SGAE les exige que abonen los derechos de autor por utilizar el repertorio de sus artistas representados como ambientación musical, ya sea por medio de la televisión, del vídeo o de cualquier aparato no reproductor de imagen. Como el abono de estas cuotas no afecta sólo al sector hostelero, sino que también es un deber de todos aquellas empresas que cuenten con ambientación acústica o audiovisual, esta entidad de gestión de derechos también ha denunciado a otros cincuenta gimnasios, comercios y peluquerías por no hacer efectivas las tarifas.

Entre las razones que esgrimen los dueños de los establecimientos para obviar el pago, hay una que se repite de forma constante: la legitimación de la SGAE para poder representar a todos los autores que suenan en su local. «Es algo que está muy reconocido por el Tribunal Supremo y la propia ley. Si las entidades de gestión no se les diera la legitimidad para poder representar a todos los autores, no se podría aplicar ese derecho. El 99% de los autores están dados de alta en la SGAE porque es un derecho que no les cuesta nada y sólo les aporta. ¿No van a ser tan idiotas de trabajar y no recibir su salario!», razona el delegado de la SGAE en el País Vasco.

Por su parte, el presidente de la la asociación de empresarios hosteleros de Vizcaya, Ángel Gago, va más allá y sostiene que «cada afectado, a la hora de pagar, protestar o reivindicar, debe dirigir su mirada hacia los políticos que, formando parte del poder legislativo, establecen las leyes que luego son aplicadas. Es normal que la SGAE utilice la protección que la ley le otorga. Nuestras críticas van hacia el poder político, que para nada tienen en cuenta algunos de nuestros argumentos y rinden pleitesía a la importantísima fuerza social que tienen los autores», critica.

Cada vez más «presión»

Vizcaya se encuentra a la cabeza en número de procesos judiciales abiertos por esta causa de todo el País Vasco, de los que el 50% se desarrollan en Bilbao. Así, en Guipúzcoa los locales de copas denunciados ascienden a 80 y en Álava rondan los 40. No obstante, Casado resta importancia a estas cifras, ya que de los 12.000 locales que deben pagar el 'canon' en la comunidad autónoma, sólo 400 han rehusado hacerlo. «Únicamente suponen el 2% del total de los negocios de hostelería. Es una cifra insignificante», opina Casado.

De todas formas, este colectivo deudor podría ser aún mayor, ya que la Asociación de Hostelería de Vizcaya ha tenido que mediar en varias ocasiones para que otros 40 lograran evitar finalmente los tribunales. Además, según la SGAE, unos 500 más ponen trabas año tras año a la hora de pagar, aunque al final acaben accediendo.

Aunque el abono de las tarifas que la Ley de Propiedad Intelectual estipula siempre ha sido un tema muy polémico entre los representantes de los artistas y los hosteleros, Gago recomienda a sus asociados que cumplan sus obligaciones, aunque denuncia la existencia de una presión «cada vez más acentuada» sobre ellos.

Estas tarifas, que oscilan entre los 13,52 euros que cuesta hacer uso del repertorio a través de una televisión hasta los 84,46 que debe abonar un bar de 100 metros cuadrados para poder dar ambiente musical a su establecimiento, se reducen en un 20% para los locales asociados a la Federación de Hostelería del País Vasco en virtud de un pacto existente entre ambas entidades. Del total del dinero recaudado, el 85% va a parar a los bolsillos del autor y el 15% restante se destina a los fondos de la SGAE.