En Vizcaya hay siete inspectores permanentes. Mientras en la capital trabajan dos, los municipios de Barakaldo, Santurtzi, Galdakao, Gernika y Getxo cuentan con uno. El representante acude al local y levanta acta, además de confeccionar una lista de comprobación. A los diez días se envía una notificación con acuse de recibo con el importe de la deuda e información legislativa.

Si no se efectúa el pago después de 30 días, el representante hace una visita para comprobar que el local continúa siendo el mismo, y que lo regenta el mismo empresario. A partir de ahí, comienza el procedimiento judicial propiamente dicho. Si el empresario accede a pagar en ese momento, no se le exigirán las costas del proceso, sino sólo la deuda original. Si el local no está de acuerdo con este tipo de proceso, se inicia el procedimiento judicial verbal normal. En caso de que el establecimiento pierda, lo más habitual, deberá sumar a la deuda contraída las costas del juicio.