El Ayuntamiento de Barakaldo podrá desarrollar su ordenanza municipal de vivienda sin ningún impedimento legal. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazó ayer el recurso que había presentado en julio el Departamento de Vivienda del Ejecutivo autónomo contra la normativa aprobada por el Consistorio. La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó la demanda por un fallo de forma al entender que fue presentada una vez agotado el plazo legal.

La noticia fue acogida con satisfacción en el Ayuntamiento fabril. El alcalde, Tontxu Rodríguez, valoró de forma muy positiva el auto del Tribunal. «Presentar la demanda fuera de plazo sólo refleja lo mal que funciona el Departamento de Vivienda», destacó el máximo edil, quien no quiso, sin embargo, incidir en las críticas. «EB y PSE acabamos de pactar la Ley del Suelo que se aprobará en junio y uno de los compromisos iniciales era que Madrazo retirara los recursos contra las iniciativas de pisos municipales, pero en nuestro caso ya no tendrá que hacerlo, pues se le ha adelantado la Justicia», detalló.

La sentencia del TSJPV, en cualquier caso, alude sólo a Barakaldo y no afecta a otras localidades que también aprobaron su propia ordenanza municipal de vivienda como Abanto o Lekeitio. «El recurso planteado sólo tenía como destinatario a nuestro Ayuntamiento y, por lo tanto, la resolución sólo nos incumbe a nosotros», reconoció el primer edil.

Un año de proceso

El Ayuntamiento de Barakaldo presentó su ordenanza de pisos de protección local en febrero de 2005. Tres meses más tarde, el Departamento de Vivienda solicitó a la entidad municipal que no desarrollara el proyecto por no ser de su competencia. El Consistorio, sin embargo, decidió seguir adelante con la iniciativa, ante lo que el área dirigida por Javier Madrazo presentó en julio el contencioso administrativo que se resolvió ayer.

El Consistorio fabril decidió desarrollar la ordenanza para «ofrecer una vivienda digna y de precio asequible» a los ciudadanos sin recursos para la iniciativa privada y que tampoco cumplen las condiciones necesarias para optar a un piso protegido. En este sentido, la normativa municipal de Barakaldo ha fijado unos ingresos máximos de 45.000 euros anuales por unidad familiar. «La futura Ley del suelo facilitará las promociones municipales», avanzó Rodríguez.