La ley que mañana aprobará el Gobierno introducirá planes y medidas de igualdad en todas las empresas y de manera obligatoria. Esta exigencia no es fruto del acuerdo entre los agentes sociales, ni una consecuencia lógica de la cada vez más notable presencia femenina en el mundo laboral, sino que aparece como la única forma de vencer una inercia empresarial que, por ejemplo, se obstina en reducir la discriminación salarial a 'un asunto de funcionamiento interno'. La norma deberá superar no pocas resistencias si de verdad quiere pasar de la retórica a los hechos.