El ex presidente iraquí Sadam Hussein admitió ayer ante el Tribunal Especial de Bagdad que ordenó el procesamiento y confiscación de tierras de los chiíes detenidos tras el presunto intento de asesinato contra su persona en julio de 1982 en la localidad de Dujail -al norte de Bagdad-, aunque aseguró que «eso no es un crimen». Entretanto, la ola de violencia desatada por el atentado contra la mezquita chií de Samarra hace ocho días continuó ayer en el país con la muerte de al menos veintiocho civiles, mientras que otras cuatro personas fallecieron al caer en sus viviendas proyectiles de mortero en la capital iraquí y en una aldea cercana.

Sadam preguntó a los jueces: «¿Dónde está el crimen?». «¿Es un crimen enviar a juicio a una persona que abrió fuego contra un jefe de Estado, no importa quién sea?», añadió. Sadam y otros siete altos dignatarios del antiguo régimen son procesados por supuestas torturas, detenciones ilegales y ejecuciones y podrían ser condenados a muerte en caso de demostrarse su culpabilidad. La acusación presentó ayer un documento supuestamente firmado por el presidente en el que se autorizaba la ejecución en 1984 de 148 chiíes detenidos tras el intento de magnicidio de Dujail en 1982.

El ex dictador iraquí declaró que los otros acusados deberían quedar libres y que sólo se le debería juzgar a él, ya que el resto se limitó a cumplir órdenes. «Aquí hay un jefe de Estado. Júzguenle a él y dejen vivir a los otros», manifestó durante su declaración, que duró 15 minutos. «Cuando se trata de una ley dictada por el Consejo del Mando Revolucionario por la cual se ordena la confiscación de tierras, a quien se debe juzgar es al presidente del Consejo del Mando Revolucionario. Aquí lo tienen presente», prosiguió en referencia a sí mismo. El Consejo era la principal institución de su régimen.

Por otro lado y tras las nuevas pruebas incriminatorias de ayer, el juicio contra el ex dictador y otros siete altos dignatarios del antiguo régimen ha sido suspendido tras apenas cuatro horas de sesión y aplazado hasta el próximo 12 de marzo por decisión del juez principal, Raouf Abdel-Rahman.

Ola de violencia

La ola de atentados con bomba prosiguió ayer en Bagdad, matando a al menos 28 civiles, mientras que otras cuatro personas fallecieron al caer en sus viviendas proyectiles de mortero en la capital iraquí y en una aldea cercana.

El ataque más dramático de ayer -el estallido de un vehículo cargado de explosivos cerca de una oficina de tráfico de la Policía en un barrio mayoritariamente chií del sureste de Bagdad- terminó con la vida de al menos veintitrés personas e hirió a cuatrocientas, según el teniente de policía Thaer Mahmud.