Los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976, hoy hace treinta años, provocaron una honda conmoción social. El resultado, cinco muertos y seguramente más de un centenar de heridos, mostró la brutalidad del régimen que vivía su agonía. Unos meses antes había muerto Franco, pero en el Gobierno, presidido por Arias Navarro, podían los elementos continuistas. Se atisbaba la Transición, pero ésta apenas estaba en sus prolegómenos. El orden público y social se definía conforme a los criterios del régimen dictatorial.

La matanza de comienzos de marzo se inscribió en el desarrollo de un conflicto obrero característico de aquella época convulsa. En varias empresas vitorianas se había declarado la huelga. El derecho a ésta no estaba reconocido, ni en propiedad el de reunión -no sucedería esto hasta casi tres años después, cuando se aprobó la Constitución-. La conflictividad se canalizaba por los escasos cauces legales que los obreros tenían a su disposición. Era frecuente, por entonces, que sus reuniones las realizasen en templos, pues estaban protegidos por el Concordato frente a la actuación arbitraria de las autoridades.

Para el 3 de marzo se llamó a la ciudad de Vitoria a una 'huelga general', la tercera en solidaridad con los obreros que desde comienzos de 1976 estaban en huelga y sin ingresos. Tuvo una repercusión enorme, la mayor. Ese día se convocó también, para las cinco de la tarde, una asamblea en la parroquia de San Francisco de Asís, donde solía reunirse la coordinadora de los obreros 'en lucha'. No era una reunión clandestina, se conocía públicamente su celebración. La asamblea sería abierta. La afluencia fue masiva. Hacia las cuatro habían entrado en la iglesia unas 4.000 personas. Diez minutos antes de comenzar la asamblea la Policía impedía el acceso al templo, en cuyos alrededores se congregaron varios miles, quizás otras 4.000 personas.

El 'Dictamen histórico sobre los acontecimientos producidos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria (España)', elaborado por el Instituto Universitario de Historia Social 'Valentín de Foronda' de la Universidad del País Vasco, desmenuza con rigor la secuencia de lo que sucedió. Sabemos, así, que con una orden emitida por el gobernador civil de desalojar el recinto acudieron tres compañías policiales. No obtuvieron el permiso eclesiástico, como era preceptivo. Aún así, a las 17.10 la Policía procedió al desalojo. Se desconoce quién tomó la decisión concreta, si el gobernador, el Ministerio o los mandos de las unidades. En el asalto se usaron gases lacrimógenos, que se lanzaron al aire en el interior del templo, al que entraron violentamente las fuerzas del orden. La gente empezó a salir, presa del pánico. Varios desalojados fueron alcanzados por pelotas de goma y por disparos de armas de fuego. Hubo tres muertos y decenas de heridos, de los que dos murieron el día siguiente.

La Policía alegó, más tarde, que los trabajadores utilizaron cócteles y machetes, pero nunca se presentaron pruebas de este extremo. Con seguridad, no los hubo. Todo indica que la salida atropellada de los trabajadores, que la Policía atribuyó a una acción deliberada y violenta, se debió al pánico causado por los gases. Queda clara, por otra parte, la atroz actuación policial, que usó armas de fuego. Probablemente hubo unos mil disparos. Al parecer, las fuerzas del orden recurrieron a las armas de fuego tras agotar desde la mañana gran parte del material antidisturbios.

El auditor militar dictaminó en su día que los hechos podían ser constitutivos del delito de homicidio, según el Código Penal de entonces. Fue sobreseído el sumario, alegándose la imposibilidad de determinar quiénes eran los autores de los disparos.

La repercusión fue extraordinaria. Una secuela de protestas y movilizaciones sacudió toda España. En ellas murieron otros dos trabajadores, uno en Basauri y otro en Tarragona, también por disparos.

El dramático acontecimiento del 3 de Marzo revela las difíciles condiciones en que combatía el movimiento obrero de la época. La falta de libertades -la inexistencia del derecho a la huelga y dificultades para el de reunión- constituyó el trasfondo de los luctuosos sucesos. Los provocaron las instrucciones que tenían las fuerzas policiales, emitidas sin ninguna consideración a los derechos humanos, así como el uso, inadmisible y probablemente criminal, de armamento de fuego para tratar un problema que se definía como 'de orden público'. ¿De dónde llegaron las órdenes? La documentación no ha permitido dilucidarlo. Probablemente procedieron de algún eslabón de una cadena de mando en cuya cumbre estaba el Gobierno. Hubo responsabilidades penales, por mucho que no se determinaran las personales. Resulta posible, por otra parte, que los disparos con arma de fuego los iniciaran de forma espontánea los policías, que se veían escasos en número y se sintieron acorralados por la multitud. No cambiaría esto la interpretación de estos hechos. De ser así, resultaron decisivas la sensación de impunidad policial para cualquier tipo de actuación, la imprevisión de los mandos y la distribución masiva de un armamento a todas luces desmedido, por desproporcionado e inadecuado, para un problema de orden público.

En cualquier caso, estaba la responsabilidad política de un régimen que vivía sus estertores y que funcionaba al margen de los criterios propios de un Estado de Derecho.

Por eso conviene recordar lo sucedido hace treinta años, mantener la memoria de quienes murieron por ejercer las libertades democráticas en condiciones tan adversas. También para tener presente los enormes costes y la carga dramática de un movimiento obrero que sacudía desde unos años antes a la dictadura y mostraba así la inviabilidad del régimen, a cuyo final contribuyó decisivamente.

Al evocarse situaciones históricas que han contribuido a forjar nuestro presente existe la tentación de proyectar sobre el pasado ideas de la actualidad. Una reconstrucción de este tipo puede resultar tan inquietante como la desmemoria, por lo que conlleva de uso de la historia. Así, cuesta reconocer el 3 de Marzo de 1976 en algunas opiniones actuales según las cuales aquellos sucesos demuestran los déficits de la Transición. Ésta los tuvo, pero no parece que puedan encontrarse en aquellos gravísimos acontecimientos, anteriores a los primeros intentos serios de gestar un Estado de Derecho y propios de las postrimerías del franquismo. Que tales reclamos provengan de quienes suelen cuestionar la Transición y sugieren la continuidad actual de situaciones jurídicas franquistas, cuando menos contribuye a retorcer la interpretación histórica. Imaginar que, como afirmaba estos días algún dirigente, hoy se lucha por los mismos derechos políticos y sindicales olvida la carencia de derechos y las dificilísimas circunstancias que vivió el movimiento obrero antes del advenimiento de la democracia, y en qué consisten los logros de ésta y la existencia de un Estado de Derecho. Sucede hoy que una parte del sindicalismo vasco - la nacionalista- se adueña de la conmemoración del 3 de Marzo y quiere monopolizar su recuerdo. Quizás no sea éste el mejor procedimiento para preservar la memoria histórica, cuyos enemigos son el olvido, la desmemoria y también el uso partidista.