La Diputación de Vizcaya ha mostrado públicamente su disgusto y su preocupación por el incremento registrado en los últimos tiempos en el ritmo de marcha de empresas de su territorio. Un fenómeno no exclusivamente vizcaíno, aunque quizás sea más grave en su área de influencia, y que afecta al conjunto del País Vasco y a otras muchas zonas de España. Según el responsable foral, esta aceleración en las salidas responde a dos causas: el proceso de globalización y la pérdida de centros de decisión. La mundialización de la economía permite trasladar las mercancías de un país a otro con insospechada facilidad, evitando así la tradicional restricción de tener que situar la producción cerca de los lugares de consumo para reducir costes de transporte y eludir barreras de protección. En este terreno poco pueden hacer las instituciones locales, ya que la globalización, además de inevitable, es un proceso imparable cuya evolución se escapa del control de cualquiera, por poderoso que sea. Por ello, los responsables de la Diputación se centran, a la hora de buscar soluciones, en el otro aspecto que agrava el problema de la deslocalización, la pérdida de los centros de decisión. Aunque disponer de ellos tampoco es una garantía absoluta de permanencia de las instalaciones productivas, no cabe duda de que su cercanía palía enormemente el problema. Para un responsable empresarial es siempre más sencillo decidir el abandono de una factoría situada a miles de kilómetros.

La preocupación es razonable y el análisis del fenómeno es correcto. Pero la solución propuesta, endurecer la concesión de las ayudas públicas que correspondan en cada caso, es ineficaz y no conseguirá evitar la marcha de quien haya decidido irse y puede restar atractivo a quienes consideren la posibilidad de venir a implantarse entre nosotros. Las ayudas públicas son convenientes, y en ocasiones necesarias, para igualar otras ofertas de localización regional competidoras, pero no son nunca el eje central del problema. La mejor garantía de atractivo y permanencia es disponer de un marco regional competitivo que disponga de buenas infraestructuras, de trabajadores cualificados, de costes ajustados y de un entorno social, sindical y político amable, eficiente y acogedor. Las instituciones públicas deberían centrarse en propiciar este clima favorable, a lo que la violencia y la extorsión terroristas poco colaboran, solucionando unas evidentes carencias, y esforzarse al máximo en convencer a empresas y organismos de la idoneidad de Euskadi como centro de decisión. Este complejo proceso no se arregla con medidas de coerción, sino con ayudas de promoción. Pero entendiendo que la responsabilidad es de todos y no sólo de las instituciones públicas. Los empresarios, los sindicatos y la ciudadanía tienen su importante cuota de protagonismo. La globalización y su corolario de deslocalización son un reto general que a todos afecta y su solución sólo puede llegar con el esfuerzo general de todos.