Los partidos vascos se van preparando para una eventual etapa 'post-ETA'. Ezker Batua presentará formalmente mañana el documento con las bases que trasladará a la posible mesa de partidos que se constituya una vez desaparezca la violencia, una propuesta de la que ofreció un primer avance ayer su coordinador general y consejero de Vivienda, Javier Madrazo. La coalición de izquierdas planteará al resto de formaciones su método para que el Estado pueda reconocer el derecho a decidir de los vascos, que pasaría por transferir a Euskadi la competencia para convocar referendos y consultas vinculantes -que el artículo 149.1 de la Constitución limita en exclusiva al Gobierno central- y por incorporar esa prerrogativa al ordenamiento jurídico. Esta herramienta resulta, a ojos de Madrazo, «viable y realista», garantiza el encaje en la Carta Magna y puede propiciar un amplio consenso entre las fuerzas que se sienten a negociar.

El líder de EB enmarcó el actual momento político, en el que los atentados de ETA atemperan las expectativas sobre el inminente cese de la violencia, en «la fase final del tira y afloja» que mantienen, según dijo, el Gobierno y la organización terrorista. Madrazo no quiso aventurar fechas para una posible tregua, pero sí consideró «determinantes» los dos próximos meses para verificar si la banda y el Ejecutivo de Zapatero superan sus respectivos «vértigos» -una a deponer las armas y el otro, a asumir el derecho a decidir- y eso desemboca en una declaración de distensión «con cierta prontitud».

A partir de ahí, se abriría un espacio para la negociación multipartita, que situó «inmediatamente después» de la desaparición del terrorismo con «tres claves fundamentales»: el reconocimiento del derecho de decisión, su incorporación al ordenamiento jurídico y político y su materialización, a través del ejercicio en consulta popular y referéndum. La propuesta del socio menor del Gobierno de Ibarretxe prevé que el Estado se acoja al artículo 150.2 de la Constitución para ceder esas convocatorias a Euskadi. Eso obligaría a efectuar una modificación parcial del actual Estatuto, que debería ser ratificada por las Cortes y la propia ciudadanía vasca. Una vez logrado ese refrendo, la segunda fase desarrollaría esa nueva ley de referendos. Madrazo, que apeló a la movilización social en favor de la paz, vinculó la libre determinación al ideario histórico de la izquierda y negó que suponga claudicar ante ETA.