El gigante energético E.on considera que las nuevas competencias otorgadas por el Gobierno a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que le permiten vetar su OPA sobre Endesa, «pueden entrar en conflicto con la legislación comunitaria» y «tienen que ser analizadas por la Comisión Europea». El presidente de la compañía alemana, Wulf Bernotat, quien viajó ayer a Madrid, confió en que Bruselas actúe por propia iniciativa e impida la adopción de medidas que, a su juicio, vulneran la libre circulación de capitales en la UE. En caso contrario, el grupo alemán se planteará recurrir ante el Tribunal de Luxemburgo. La firma germana ha encomendado su defensa jurídica al gabinete de José Pedro Pérez Llorca, ex ministro de UCD.

Bernotat dio por hecho, cuando presentó su oferta sobre Endesa, que E.on, como empresa extranjera, no tenía que someterse al examen de la CNE. Pero el Ejecutivo español, sorprendido por el anuncio de la OPA, promovió la pasada semana diversos y polémicos cambios en la legislación que refuerzan las competencias de ese regulador y le otorgan capacidad para vetar la operación. El Consejo de Ministros aprobó el 24 de febrero algunas modificaciones en el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad y aprovechó para extender la vigilancia de la Comisión Nacional de la Energía, a compañías distintas de las que operan en el sector regulado español. Cualquier comprador de activos de distribución debe probar que dispone de financiación para llevar a cabo las inversiones que garantizan el suministro.

El Gobierno no se limitó a extender al conjunto de las empresas esa exigencia. También sometió a autorización de la CNE la adquisición de porcentajes superiores a un 10% del capital social o cualquier otro que conceda influencia significativa de sociedades que -por sí o por medio de otras- desarrollen algún tipo de actividades 'protegidas' , y amplió considerablemente las causas que permiten denegar o condicionar la operación.

Cambios en el decreto

Según algunos medios, entre el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros y el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado mediaron otros cambios, como el mayor énfasis concedido a la protección de las centrales térmicas que queman carbón de producción nacional, la salvedad que exime a la OPA de Gas Natural de pasar un nuevo examen de la CNE, puesto que ya obtuvo la autorización condicionada.

En el decreto figura también un párrafo que abre camino al veto de una operación de concentración como la promovida por E.on cuando exista la posibilidad de que la entidad promotora «quede expuesta a no poder desarrollar las operaciones con garantías, como consecuencia de cualesquiera otras actividades desarrolladas por la entidad adquirente o por la adquirida». Bernotat no cree que el regulador u otras autoridades españolas vayan a hacer uso de esa capacidad de veto, sino que, en el peor de los casos, impondrían condiciones.

El Ministerio de Industria negó ayer que la redacción del decreto fuera modificada. «Lo que figura en el BOE es lo que aprobó el Consejo de Ministros», aseguró el departamento. Según su versión, el texto con el que se han establecido las diferencias es una nota de prensa repartida tras la reunión del Gobierno, que reproducía casi textualmente la nueva regulación.

El comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McGreevy, prevé pronunciarse antes del próximo miércoles sobre la compatibilidad de esta nueva legislación con las normas de la UE. Además, envió ayer una carta a las autoridades francesas en las que les pide explicaciones sobre la fusión entre Gaz de France y Suez, auspiciada para evitar una OPA hostil de la italiana Enel.