El Gobierno de Rodríguez Zapatero, que venía anunciando desde hace un año la presentación de una ley de igualdad, aprobó ayer no el preceptivo anteproyecto, sino un informe sobre esa iniciativa legislativa que será la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Para reforzar su iniciativa política, el Ejecutivo incluyó también un paquete de medidas de protección a la mujer que se han hecho coincidir con las vísperas de su día internacional. Las iniciativas más definidas son las destinadas a conciliar vida laboral y familiar, ampliando o facilitando las condiciones para los permisos de lactancia y paternidad, así como la aplicación de la igualdad en la vida laboral obligando a planes con ese objetivo en las empresas con más de 250 trabajadores y medidas específicas en las más pequeñas, lo que supondrá introducir cambios en 3.500 convenios colectivos.

A falta del texto articulado del anteproyecto de ley, quizá resulte exagerada la descalificación lanzada ayer por la CEOE, aunque corresponde a la patronal advertir sobre los efectos de un aluvión de cambios sometidos a más rigideces que gradualidad. La equiparación de la mujer al hombre, un acto de justicia, necesita acciones específicas, pero contrasta el grado de concreción en ese terreno del informe aprobado por el Consejo de Ministros frente a la vaguedad en otros objetivos. Mientras quiere promover códigos de autorregulación sobre igualdad en los medios de comunicación privados, la anunciada exigencia a los consejos de administración de las empresas del Ibex de momento figura como el propósito de abrirlos a una indefinida participación de la mujer. Del mismo modo, la paridad, es decir, mitad y mitad, en cargos y organismos públicos, se queda sobre el papel en «representación equilibrada» en la designación de puestos y en la garantía de una «composición equilibrada de ambos sexos» en las listas electorales, que presumiblemente será de 60% y 40%.

Socialmente, la mujer ha conquistado unos niveles de promoción que hacen posible plasmar en la ley lo que es normalidad o necesidad en la vida ordinaria. Pero también es imprescindible avanzar en aquellos puntos donde la equiparación se encuentra encallada. En cualquier caso, se avecina una intensa tramitación parlamentaria, sin olvidar que esta próxima norma, por orgánica y transversal, afectará a todas las leyes estatales relacionadas con la aplicación de los principios de igualdad por los poderes públicos.