Apenas una hora después de que se hiciese público el fallecimiento por infarto del presunto colaborador de ETA Roberto Sáinz Olmos en la prisión de Aranjuez, el Gobierno vasco exigió ayer a José Luis Rodríguez Zapatero una «urgente e inaplazable» modificación de la política penitenciaria y consideró que «no tiene sentido» continuar con «esta sucesión de ETA poniendo bombas, la 'kale borroka' recrudeciéndose y dos presos muertos».

Esta muerte es la segunda de un preso vinculado al entorno etarra que se produce en apenas cinco días, tras aparecer ahorcado el pasado lunes en su celda en la prisión de Cuenca el miembro de la organización armada Igor Angulo. Al poco de conocer el fallecimiento de Sáinz Olmos, la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, convocó una rueda de prensa urgente y emitió un comunicado en el que, además de expresar sus condolencias a la familia, arremetía contra el Ejecutivo central.

Si el pasado martes, tras el Consejo de Gobierno, la propia Azkarate -en esa ocasión a preguntas de los periodistas- no quiso establecer una relación directa entre la muerte de Igor Angulo y la política penitenciaria, ayer sí ahondó en esos vínculos y sostuvo que es «urgente, necesario e inaplazable» proceder a su modificación. La portavoz del Ejecutivo autónomo recalcó que ninguna política puede «sentirse orgullosa» de que haya presos muertos en las cárceles, por lo que reclamó medidas para «reconducirla» a lo que «tuvo que ser y nunca debió dejar de ser, una política penitenciaria reorientada a la reinserción y de reducción de penas».

A la espera de juicio

Roberto Sáinz Olmos, encarcelado desde el 11 de septiembre de 2003 aunque todavía se encontraba en prisión preventiva a la espera de ser sometido a juicio, comenzó a sentirse mal poco después de las 9.00 horas de ayer. Su compañero de celda, también vinculado con ETA, alertó a los funcionarios, que trasladaron al interno a la enfermería del centro, donde ingresó a las 9.50 horas. Sáinz llegó en «situación de parada cardiorrespiratoria».

Tres médicos, dos ATS y dos auxiliares de enfermería, todo el personal que se encontraba en ese momento en el lugar, trabajaron sin éxito en las maniobras de resucitación. Ante la gravedad de la situación, el personal facultativo pidió ayuda a servicios médicos exteriores. Una unidad del SUMMA 112 (Servicio de Urgencia Médica de Madrid) se personó en la prisión para colaborar en los intentos de reanimación. Sin embargo, los especialistas no pudieron hacer nada y a las 10. 50 horas certificaron su muerte.

El preso fallecido -señalaron portavoces de Prisiones- llevaba semanas quejándose de dolores en el pecho. En una reciente revisión, los médicos de la cárcel le derivaron a un especialista. El 12 de febrero fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde el cardiólogo dispuso que se le practicaran varias pruebas. El pasado lunes, el interno fue sometido a un electrocardiograma en el que no se detectó anomalía alguna.

Roberto Sáinz Olmos, trabajador del Hospital de Basurto y delegado de LAB en Osakidetza, estaba acusado de albergar en su domicilio a un activista huido. Fue detenido junto a su novia, Ana López Barrio, el 7 de septiembre de 2003 por la Ertzaintza en Portugalete, en una operación contra la infraestructura del 'comando Vizcaya'. El fallecido ya había sido detenido hace 16 años por su presunta vinculación con ETA. Tras pasar por la Audiencia Nacional, fue puesto en libertad. En 1999 fue juzgado por su presunta relación con episodios de desórdenes públicos en Portugalete.

Decisiones judiciales

Su muerte y la de Igor Angulo dio pie a la portavoz del Gobierno vasco para afirmar que toda la «polémica» abierta tras las decisiones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo de que los etarras cumplan de forma íntegra sus condenas aparece «más descarnada de lo que se ha venido mostrando». Azkarate, además de censurar al Gobierno de Zapatero y hacer un llamamiento a la «serenidad», también dirigió sus críticas a la banda terrorista. A ETA le pidió que de forma «urgente» abandone «cualquier tipo de violencia» y «nos deje decidir nuestro futuro en paz y libertad».

«No tiene sentido continuar en esta sucesión a la que estamos asistiendo esta semana, de ETA poniendo bombas, la 'kale borroka' recrudeciéndose y dos presos muertos», sostuvo Miren Azkarate. Así, el Gobierno vasco exigió «con firmeza» que quienes tienen «la decisión», tomen las medidas para modificar tanto la situación de las cárceles como la política penitenciaria, y que «desaparezcan los obstáculos» que impiden que avancemos de «forma mucho más decidida hacia la paz, la normalización y la reconciliación».

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno central, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que tanto Roberto Sáinz como Igor Angulo fueron atendidos de forma correcta dentro de sus respectivos centros penitenciarios.