La propuesta concreta que Ezker Batua trasladará a la mesa de partidos -promovida si ETA renuncia a la violencia- prevé una modificación parcial del actual Estatuto de Gernika para incorporar al ordenamiento jurídico el reconocimiento y posible ejercicio del derecho a decidir. La iniciativa, que la coalición de izquierdas hará pública hoy, se sustenta en dos escalones básicos: el primero supondría la transferencia a Euskadi por parte del Estado, vía ley orgánica y en aplicación del artículo 150.2 de la Constitución, de la capacidad para convocar referendos; el segundo paso conllevaría una reforma puntual del Estatuto vigente, con el objetivo de añadir una disposición adicional segunda hoy inexistente que permitiría a los vascos, si así lo acuerda el Parlamento, decidir sobre su modelo de relación con España.

La norma de Gernika cuenta con una única disposición adicional, que es la que establece la salvaguarda de que la autonomía no implica la renuncia del pueblo vasco a sus derechos históricos. El nuevo precepto legal al que aspira EB establece que, una vez cedida por el Estado la correspondiente transferencia, Euskadi tendría «competencia exclusiva» para autorizar «la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum sobre decisiones políticas de especial trascendencia». Incluida, precisa a reglón seguido el texto, «la relativa al derecho que asiste a la sociedad vasca a decidir libre y democráticamente su futuro político en los términos que determine el Parlamento vasco». Lo cual, si se cerrara definitivamente un acuerdo con Madrid, se desarrollaría en una posterior ley de referendos.

Cuestión sensible

La coalición que lidera Javier Madrazo oficializará hoy su documento en un acto en Bilbao; la dirección federal de Izquierda Unida conoce su redacción y la avala, según constatan fuentes del partido. Ezker Batua cree que su iniciativa puede contribuir a aunar sensibilidades porque intenta encauzar al terreno jurídico la disputa política, busca el «encaje constitucional» de la reivindicación del derecho a decidir y permitiría su incorporación al ordenamiento jurídico vasco. El socio menor del Gabinete Ibarretxe asume que ésta es una cuestión muy sensible para las fuerzas constitucionalistas en Euskadi y que entraña serias dificultades para el actual Gobierno socialista, pero insiste en la necesidad de explorar un pacto, «dentro de la legalidad», si se quiere avanzar en un proceso de normalización real siempre que ETA abandone antes las armas.

El planteamiento de EB pretende jugar con las potencialidades que ofrece, a su juicio, la propia Carta Magna. Aunque su artículo 149.1 reserva en las manos exclusivas del Gobierno central la convocatoria de referendos, el 150.2 deja la puerta entreabierta a la posible transferencia o delegación a las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, de las materias que sean de titularidad estatal. En el supuesto de que Madrid aceptara ceder esa prerrogativa, lo que Ezker Batua sugiere es su incorporación al actual Estatuto en virtud del propio procedimiento de reforma previsto en su artículo 46.

Ese mecanismo, ensayado en la fallida tramitación del plan Ibarretxe, exige como primer paso la aprobación en la Cámara de Vitoria por mayoría absoluta y la posterior ratificación por las Cortes. El refrendo definitivo corresponde a los electores vascos. Para EB, esa modificación puntual del Estatuto sobre el derecho a decidir debe encararse de forma ineludible antes de afrontar cambios más amplios.