El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, pidió ayer por carta al presidente del Congreso, Manuel Marín, que anule su comparecencia ante la Comisión de Justicia para informar sobre la aplicación por los tribunales de la ley de cumplimiento de penas por los terroristas de ETA.

Marín remitió posteriormente la misiva al presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Álvaro Cuesta, para que tome una decisión. Fuentes consultadas indicaron que la comisión mantendrá la convocatoria, prevista para el próximo martes. De no acudir a la cita, Hernando provocaría el mayor conflicto entre los poderes Legislativo y Judicial en la historia de la democracia española.

La carta de Hernando se produce el día después de que la Sala de Gobierno del Supremo acordase por unanimidad que es «improcedente» que su presidente tenga que ir al Congreso para opinar sobre resoluciones judiciales, que son competencia exclusiva de los tribunales.

Hernando destaca su «pleno respeto a esa Cámara», pero señala que su comparecencia «ha perdido su objeto» tras la sentencia dictada por el Supremo en el 'caso Parot'. Cree que la resolución «despeja todas las incertidumbres» y deja «definitivamente perfilada y clarificada» la polémica política provocada por la forma de cumplir las penas de cárcel por los etarras condenados por el Código Penal de 1973.