El PSOE y el PP unieron ayer sus fuerzas para eliminar de la reforma del Estatut la apelación a los derechos históricos del pueblo catalán como fuente de futuras reivindicaciones de autogobierno. Por primera vez desde que el proyecto llegó al Congreso, los dos grupos mayoritarios coincidieron en su rechazo sin paliativos a una serie de exigencias recogidas en la propuesta y abogaron por la supresión completa de cuatro disposiciones adicionales, entre ellas, también la que prevé el traspaso del aeropuerto de Barcelona por la vía del artículo 150.2 de la Constitución; es decir, la cesión de la gestión aeroportuaria «limpia de polvo y paja».

El apoyo de Convergència i Unió permitió a socialistas y populares eliminar del Estatuto la advertencia recogida en la disposición adicional primera, en la que se establece que la «aceptación» del régimen de autonomía no implica la «renuncia» del pueblo catalán a los derechos que le correspondan en virtud de su historia, ni tampoco a su «actualización». El artículo quinto del Estatuto, aprobado hace dos semanas con el voto en contra del PP, ya especifica que el autogobierno de Cataluña se fundamenta en «los derechos históricos del pueblo catalán, las instituciones seculares y la tradición jurídica catalana». Y considera que quedan actualizados con la propia reforma.

CiU dio por suficiente esta referencia, así como la que figura en el preámbulo, y accedió a respaldar al PSOE. Con la gestión del aeropuerto de El Prat se mostró, en cambio, menos flexible. Tanto que el asunto aún no está resuelto y los socialistas tendrán que seguir buscando un acuerdo con las fuerzas catalanas en el seno de la comisión constitucional.

El Estatuto tiene una tramitación peculiar. El Congreso y el Parlamento de Cataluña discuten de manera conjunta en una comisión mixta y, para que se pueda considerar que hay acuerdo, es necesario que las delegaciones designadas por ambas cámaras coincidan en su voto. CiU, ERC e ICV consideran irrenunciable el traspaso del aeródromo barcelonés y la suma de sus votos es suficiente para conformar la posición del Legislativo autonómico.

El portavoz del PSOE en la ponencia del Congreso, Diego López Garrido, se mostró convencido de que al final habrá acuerdo sobre esta cuestión. Su formación rechaza la transferencia directa de la gestión a la Generalitat y propone un consorcio en el que el Estado tenga una representación del 51% y el Gobierno autonómico del 49%. La oferta no satisface a los partidos catalanes; sobre todo, porque también se prevé la entrada en la sociedad del Ayuntamiento (así lo fija la Carta de Barcelona aprobada recientemente en las Cortes) y del sector privado. Y, según dejó claro ayer López Garrido, estas incorporaciones jamás se harán en detrimento de la participación estatal.

La votación

Éste no es, en cualquier caso, el único asunto que la ponencia dejará pendiente de resolución cuando concluya sus trabajos el próximo lunes con la votación del preámbulo. Tampoco hay acuerdo en lo que se refiere a la participación de las federaciones deportivas catalanas en competiciones oficiales de ámbito internacional; en la denominación de los símbolos de Cataluña como «símbolos nacionales», ni en las competencias de la Generalitat sobre los Paradores de turismo situados en su territorio.

López Garrido aseveró aun así que el trabajo se encuentra casi terminado y que el «esqueleto y el cuerpo esencial» del Estatuto está ya «aprobado políticamente». Su optimismo contrasta con las amenazas de los convergentes, que no garantizan su voto positivo al conjunto del texto si no se produce un buen acuerdo en materia aeroportuaria. «Lo importante -insistió el ponente socialista- es que hay voluntad política para solucionarlo, e intentaremos hacerlo antes incluso de que comience la comisión», el próximo jueves.