Si los ciudadanos no nos merecemos un gobierno que nos mienta, tampoco nos merecemos a los parlamentarios incapaces de consensuar una declaración de condena de las amenazas que están sufriendo los medios de comunicación por parte del entorno de ETA. Tan sólo cuando se lanzan mensajes tan opacos como el de la portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, haciendo un llamamiento a la serenidad, a todos en general, y a que los ciudadanos exijan con firmeza «a quienes tienen capacidad de decisión, que tomen las medidas necesarias » queda exenta la confrontación. A palabras huecas, reacción insulsa. Suena bien, pero no aporta nada. Ni el difunto Gila diciendo, en su viñeta humorística, «aquí alguien ha matado a alguien» lo habría mejorado.

Pero cuando se trata de reaccionar ante los que intimidan y amenazan a la prensa crítica dicéndoles que «las vais a pasar canutas», la cosa se complica. Todos se ponen de perfil. Ocurrió ayer en el Parlamento de Vitoria. Tres declaraciones, tres, tuvieron que someterse a votación en el pleno porque sus señorías fueron incapaces de sacar adelante una condena unánime de semejantes prácticas de intimidación. Todo empezó con la iniciativa del PP, que en este tipo de cuestiones sensibles suelen ser los más rápidos del hemiciclo, que fue la que provocó la reacción del Gobierno tripartito y Aralar que presentaron la suya; las Comunistas de las Tierras Vascas, la propia. El grupo socialista fue el único que no había tomado iniciativa en ese sentido (qué despistados, ¿no?). Suscribieron la del PP, pero fue insuficiente.

La fuerza de todos los nacionalistas con el tripartito arrasó para aprobar el texto en el que se solidarizan con la prensa amenazada y con la Ertzaintza. De paso, si se trata de ahorrar energía literaria, podrían haber incluido a los empresarios que el viernes pasado se quedaron más huérfanos que nunca en relación al respaldo institucional. En tiempos tan difíciles (de repente, Batasuna ve prohibidas sus manifestaciones y, lógicamente, no entiende a qué se debe este cambio después del año tan permisivo que ha disfrutado; el terrorismo callejero vuelve a golpear, también, a los batzokis del PNV, como ocurrió en el 98, las unidades móviles de algunos medios de comunicación vuelven a ser atacadas), habrá que mirar con esperanza al Congreso de los Diputados.

La propuesta de Zapatero de sacar adelante una nueva Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo puede ser una vía para encauzar el consenso perdido entre los dos principales partidos políticos. Sus 21 millones de votantes se merecen la recuperación de la unidad frente al terrorismo al que, todavía, la democracia no ha derrotado. Si la vicepresidenta Fernández de la Vega y el popular Acebes siguen a torta limpia, el fin de ETA estará más lejano de lo que ellos desean. t.etxarri@diario-elcorreo.com