La igualdad real entre hombres y mujeres cabalgará a lomos de una nueva ley con ambición transformadora, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros con el rechazo de la patronal. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) calificó de «rejón de muerte» para el diálogo social la decisión «unilateral» del Gobierno de sacar adelante la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres con el acuerdo de los sindicatos y haciendo «caso omiso» a las propuestas empresariales.

En medio de una acogida general benévola y algunas puyas por las prisas del Ministerio de Trabajo de aprobarlo antes del Día Internacional de la Mujer, la CEOE se distinguió con una andanada crítica, muy dura, contra el anteproyecto. En un comunicado, la patronal asegura que el texto, «basado en la sindicalización y la obligatoriedad, con el consiguiente régimen sancionatorio, es el peor de los posibles». Los empresarios aventuran que, lejos de impulsar la igualdad y erradicar la discriminación, la ley «seguramente irá en contra de las metas propuestas».

La patronal pretende que los compromisos de acciones positivas sean voluntarios, y lamenta que el proyecto les cargue con una responsabilidad «que no les corresponde en exclusiva, eludiendo la responsabilidad de los trabajadores, los poderes públicos y el conjunto de la sociedad». Además, se quejan, introducir la igualdad en la negociación colectiva puede provocar «tensiones» innecesarias, y las medidas de conciliación acarrearán a las empresas «dificultades organizativas y de gestión».

El ministro de Trabajo quitó hierro a las discrepancias, al presentar el anteproyecto. «Entiendo algunas inquietudes», concedió Jesús Caldera, «pero (la ley) será un activo para todos y se irá imponiendo poco a poco sin conflictos». El ministro admitió que la negociación con los sindicatos ha sido más directa e intensa que con la patronal, pero «no hemos roto ningún acuerdo». «El diálogo social no va a padecer», apostilló.

Hasta 90.000 euros

La norma impondrá la paridad de sexos en las listas electorales, empuja a empresas y trabajadores a negociar la igualdad en los centros laborales y se asoma con timidez al reto de la conciliación familiar. A juicio del Gobierno, es la antesala de una nueva revolución social. Será la ley «más importante para la igualdad desde que se aprobara la Constitución», afirmó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

El Ejecutivo optó a última hora por incluir la paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas electorales, que no figuraba en los primeros borradores. La decisión se tomó el jueves, admitió Caldera, tras reuniones con organizaciones feministas. La ley buscará la «presencia equilibrada» de hombres y mujeres en las listas electorales para todos los comicios -generales, autonómicos, locales y europeos-, de modo que ningún sexo tenga más del 60 ni menos del 40%.

El anteproyecto carga las tintas allí donde el desequilibrio es más flagrante, en el ámbito laboral. Unas veces con medidas obligatorias y otras, de mero impulso. El incumplimiento de las primeras conllevará multas de hasta 90.000 euros. Si en cuatro años desde la entrada en vigor de la ley los empresarios no avanzan en la senda de la igualdad, la ley se endurecerá por vía imperativa, adelantó el ministro, quien estimó en unos 400 millones de euros al año el coste de su aplicación, aunque precisó que esta cantidad «puede variar».

A través de la negociación colectiva, todas las empresas deberán promocionar la igualdad de trato -acceso, salario y ascensos- entre hombres y mujeres; las de más de 250 trabajadores estarán obligadas a adoptar planes específicos en este sentido. Aquellas grandes empresas que consoliden la igualdad en la plantilla y la dirección tendrán ventaja para contratar con las administraciones públicas.

La ley traspone dos directivas comunitarias y define conceptos como la discriminación por sexo, el acoso sexual y el acoso en razón de sexo. En estos casos se invierte la carga de la prueba, y será el denunciado -empresa o particular- quien tenga que demostrar la falsedad de los indicios acusatorios.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó también ayer la creación del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Será el órgano consultivo y de vigilancia de las políticas dedicadas a combatir esta lacra.