El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco y el PSE hemos suscrito, tras dos meses de intensa negociación, un acuerdo político que garantizará la ratificación de la primera Ley del Suelo en Euskadi. El próximo mes de junio el Parlamento vasco aprobará, por fin, una iniciativa largamente esperada, que responde, además, a una demanda social mayoritaria. Nos encontramos, por tanto, ante un compromiso fruto del diálogo entre dos formaciones políticas que representamos opciones de izquierda, y el resultado, lógicamente, es una normativa progresista, que apuesta por la vivienda protegida y el alquiler social, pensando en las necesidades de las personas con menores ingresos, y especialmente en la juventud vasca, que aspira a poder iniciar una vida autónoma.

En este sentido, he de decir que mantenemos abiertas vías de comunicación con Aralar y trabajaremos también por incorporar a este acuerdo a EHAK. Sabemos que no es fácil, pero confiamos en que la defensa de los intereses prioritarios de nuestra sociedad sea una razón de peso para promover una unidad de acción entre fuerzas progresistas. La ocasión lo merece. El Partido Popular tiene razones obvias para rechazar la Ley del Suelo. No comparte la obligación que esta iniciativa impone a las personas propietarias de suelo para construir vivienda de protección pública tanto en suelo urbanizable -el 75%- como en suelo urbano -el 30%--.

Tampoco comparte la obligación de reservar espacios específicos para la construcción de apartamentos de alquiler, dirigidos a personas jóvenes y mayores. Los ayuntamientos con una población igual o superior a 20.000 habitantes deberán destinar, tras la aprobación de esta ley, una superficie de suelo no inferior a 1,5 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados edificados a la construcción de alojamientos transitorios, que no podrán ser ni vendidos por las instituciones ni comprados por particulares. De este modo, en Euskadi de cada 100 nuevas viviendas que se construyan, incluidas tanto las de promoción pública como las privadas, 10 serán alojamientos a un alquiler no superior en ningún caso a 200 euros. Éste es, sin duda alguna, un ejemplo evidente del talante progresista de esta iniciativa, que debería hacer recapacitar a EHAK, aunque sólo fuera para desmarcarse del rechazo del Partido Popular.

Nuestra voluntad, al menos, es ampliar el acuerdo, en la medida en que haya disposición para ello, porque tenemos la convicción de que responde también a las aspiraciones de la izquierda abertzale. Todas las viviendas de protección pública serán adjudicadas por sorteo, tendrán calificación permanente y las instituciones se reservarán siempre el derecho de tanteo y retracto. Sólo así se evita el fraude y se garantiza que el dinero público revierta en las personas que realmente necesitan un lugar en el que poder vivir. Hablamos de viviendas dignas a un precio que se sitúa entre un mínimo de 117.000 euros y un máximo de 200.000 para un piso en propiedad de 80 metros cuadrados, garaje y trastero. Por lo que respecta al alquiler social, la renta media mensual varía entre 180 y 200 euros.

Son muchas las propuestas que recoge el texto pactado, pero las claves son básicamente tres: la lucha contra la especulación, la autonomía municipal y la defensa de los intereses de quienes no pueden acceder al mercado libre para comprar y/o alquilar una vivienda. Somos conscientes de que los frutos de la Ley del Suelo no serán inmediatos; queda aún mucho trabajo por hacer, pero hemos logrado sentar las bases de una política de vivienda alternativa, progresista, sólida, efectiva y eficaz, que en el medio y en el largo plazo contribuirá a resolver un problema social, que en el presente condiciona el día a día de una parte importante de nuestra Comunidad. Son personas, hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, que primero tienen dificultades serias para encontrar un empleo estable y después con su salario no pueden hacer frente a una hipoteca y tampoco pueden asumir un alquiler que supera en el mercado libre los 600 euros.

La nueva Ley del Suelo aspira a ofrecer respuestas a estas personas y a sus preocupaciones más íntimas, como las define Bernardo Atxaga. Buscar un lugar en el que poder vivir no puede ser un sueño; es un derecho democrático y legítimo, que nos obliga a todas las instituciones. Con el acuerdo suscrito ganamos todas y todos: gana el Gobierno vasco porque logra aprobar la primer Ley del Suelo de Euskadi, gana el PSE porque suma sus votos a una propuesta progresista, gana Eudel porque la autonomía municipal queda reforzada, pero gana sobre todo la sociedad vasca, que a partir de ahora tendrá una herramienta fundamental para facilitar el acceso a una vivienda digna y a precios asequibles a un número mayor de personas. Sólo por ello el esfuerzo realizado se ve recompensado.