La Unión Europea funda su éxito en la realidad del Mercado Interior, que se sustenta, a su vez, en el ejercicio más o menos perfecto de cuatro libertades, las de movimiento de bienes, personas, servicios y capitales. Cincuenta años de integración comunitaria no han sido capaces, sin embargo, de allanar los obstáculos de fondo que lastran el normal desenvolvimiento de esos derechos.

Hasta ahora, los socios comunitarios habían conseguido vivir con teorías y prácticas distintas en aspectos básicos de esas libertades, gracias a que el mecanismo decisorio en las instituciones comunitarias da mucho margen para corregir el tiro de aquellas propuestas legislativas que parecen demasiado audaces.

Y también porque en esta Unión Europea, a nadie le obligan a hacer algo que verdaderamente no quiere.

Pero los tiempos han cambiado y las presiones que la globalización está ejerciendo sobre los mercados y las estructuras productivas europeas han dado el timón en la Europa comunitaria a quienes postulan planteamientos liberales para hacer frente al problema.

La Comisión Barroso pasa por ser liberal, pero el frustrado proyecto de Directiva para la liberalización de los servicios fue puesto a punto y aprobado por el colegio de comisarios que presidía Romano Prodi.

En los servicios, lo que la letra del Tratado dice nada tiene que ver con la realidad: infinidad de exigencias, la mayor parte de las veces arbitrarias, impiden la efectiva prestación transfronteriza de servicios.

Con la energía pasa lo mismo. La Comisión europea ha llegado a la conclusión de que el proceso de liberalización de mercados, puesto sobre el tapete a comienzos de los 90, no ha producido los efectos que se esperaban de él.

En la cumbre de Hampton Court, los líderes comunitarios instaron a la Comisión a que estudiara el tema, en el marco más amplio de la globalización.

Eso es lo que Bruselas está haciendo ahora, pero los Estados miembros más proteccionistas, con Francia a la cabeza, han reaccionado, endureciendo sus posiciones. París ha ordenado a Gaz de France la compra de Suez, para frenar a la italiana Enel.

La Comisión ha advertido que analizará cada uno de estos casos con lupa, pero a nadie se le escapa que su capacidad política para contestar una marejada proteccionista como la actual es limitada.