Desde que perdió las elecciones el 14 de marzo de 2004, el Partido Popular ha desarrollado la misma estrategia que le aupó a su primera victoria electoral en 1996: asegurarse la adhesión de sus incondicionales remarcando las diferencias respecto a los socialistas para, a partir de ahí, atraerse a sectores más moderados de la sociedad. Esta línea, cuya eficacia pasada no asegura su efecto futuro, entraña una carga de tensión para las relaciones políticas en tanto que éstas acaban supeditadas al cálculo partidista, alejándose del interés común. La democracia parlamentaria requiere de una abierta dialéctica entre gobierno y oposición que refleje la concurrencia de proyectos cuyas diferencias puedan identificarse con nitidez. Pero cuando el discurso de cada partido describe a su adversario con el trazo grueso de la descalificación y la situación del país con el alarmismo del 'todo marcha mal', la eventual rentabilidad política supone un coste demasiado elevado para una sociedad que, además de una confrontación política razonada e imprescindible, requiere ver a sus representantes y el funcionamiento de las instituciones con confianza y optimismo.

El lema elegido para la convención -'Hay futuro'- sugiere que los dirigentes populares desean mostrar la cara positiva de una formación que ha sido capaz, a tenor de las encuestas, de aguantar socialmente el revés que supone la salida del gobierno. Junto a ello, parece reseñable el hecho de que el PP está decidido a afrontar la segunda parte de la legislatura con el mismo equipo directivo que surgió de las pasadas elecciones. Su apuesta por combinar la continuidad y la reivindicación de la gestión pasada con la articulación de una alternativa de futuro probablemente refleja más la aceptación de una realidad que la opción de una vía frente a otras. Los protagonistas de la convención encarnan también el intento de regresar a La Moncloa en 2008, y el de disponerse para ello en el examen previo que supondrán las elecciones locales y autonómicas del año que viene.

El PP lleva razón cuando dice que hoy España es diferente a la que dejó Aznar. Lo es en el sentido de que las reformas y dinámicas de cambio auspiciadas por Rodríguez Zapatero contienen aspectos de difícil reversibilidad. Tras la estrategia de contención mantenida sobre todo en la última etapa de gobierno por Aznar frente a demandas de diverso orden, las modificaciones legislativas en el capítulo de los derechos, la revisión de la reforma educativa y la apertura de cauces a la reforma de los estatutos constituyen un escenario ineludible para la alternativa que el PP desea ofrecer. Negar su existencia o pretender la radical derogación de cuanto se legisle en este periodo resulta tan estéril como inviable. Algo que el Partido Popular ha de asumir si quiere ofertar un programa creíble que no parta del distanciamiento a ultranza de las realizaciones socialistas. En este sentido, el entendimiento popular con el Gobierno de Rodríguez Zapatero en materia antiterrorista resulta tan urgente como imprescindible para afrontar desde el máximo acuerdo posible tanto las acciones tendentes a su erradicación como la eventualidad de que los violentos depongan algún día las armas.