La remisión por el Consejo de Gobierno al Parlamento vasco del proyecto de Ley de Museos de Euskadi constituye un importante avance en materia de planificación y coordinación de estas instituciones culturales en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Una planificación y una coordinación necesarias, en primer lugar, porque la existencia de distintas administraciones en los diferentes territorios ha producido históricamente una dispersión de los recursos y medios que el conjunto de las instituciones dedican a los museos. Además, y con independencia del respeto a la autonomía de cada centro, parece obligada una cierta organización que defina especialidades, que establezca prioridades y que en todo caso evite duplicidades y solapamientos. De igual manera, los nuevos requerimientos de la demanda cultural y las nuevas formas de difusión hacen necesaria la existencia de una base jurídica que tenga por objeto la protección reglada y la potenciación de las instalaciones y colecciones, la clasificación de los centros en atención a su valor e interés público y la regulación y la especialización de las funciones de técnicos y directivos museísticos. Obviamente, para comprobar la bondad y la eficiencia de este proyecto habrá que esperar tanto al resultado de su tramitación parlamentaria como a su posterior desarrollo reglamentario.

Antes de esto, y si se quiere que el texto contribuya de forma adecuada a la promoción y consolidación de nuestros museos, también es obligada una nueva filosofía presupuestaria en materia cultural, de forma que las cuentas públicas no marginen los capítulos del patrimonio histórico-artístico en beneficio de la radiotelevisión pública y la política lingüística. En la misma línea, el desarrollo normativo de esta ley tendrá que propiciar la colaboración y la financiación complementaria de la iniciativa privada, permitiendo la incorporación de la misma a los órganos de gobierno de los museos. Igualmente, las exigencias de una alta calidad en las instalaciones y del mayor rigor en la gestión sólo son compatibles con una decidida voluntad a favor de la profesionalización, olvidando definitivamente los habituales favoritismos políticos.

Finalmente, tampoco será fácil cumplir los objetivos legales de ampliar el interés por la cultura y de lograr una plena accesibilidad a los museos para el conjunto de la ciudadanía, si la consejería de Cultura continúa aferrada a una política oscurantista que no sólo impide conocer los precios pagados en las compras del Guggenheim Bilbao, sino que también incumple su deber de transparencia en la gestión de las cuentas públicas.