El devastador incendio en el que murieron cuatro personas la madrugada del pasado sábado en el número 34 de la calle San Francisco fue intuido por los vecinos. La comunidad de propietarios había presentado hasta cuatro denuncias, la última de ellas, la más extensa, el pasado mes de noviembre ante Surbisa, las áreas municipales de Vivienda y Sanidad y la Policía local bilbaína. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, los residentes advierten de manera premonitoria del «alto riesgo de un incendio a gran escala» en el centenario edificio de madera.

Entre otras causas, apuntaban a la «acumulación de basuras» y la costumbre de algunos inquilinos de las pensiones de «cocinar con hornillos de gas» en el interior de las habitaciones. «Es inadmisible que hasta 20 personas convivan con un solo baño», describe la queja vecinal. «Desgraciadamente, la dura realidad nos ha dado la razón», lamentaban ayer.

La Ertzaintza continúa con las investigaciones para determinar el origen del fuego, que se inició alrededor de las dos y veinte de la madrugada del sábado en el salón de la Posada de los Abrazos, que acogía en los pisos tercero y cuarto izquierda a personas con problemas de exclusión social. Tres de los fallecidos eran sus huéspedes y el cuarto, un vecino.

El presidente de la comunidad, Íñigo San Sebastián, cuestiona que el alojamiento donde se desató el incendio cumpliera con la normativa. La escalera interior, distinta de la comunal, que unía las dos alturas de la posada y que, según los Bomberos, funcionó como el tiro de una chimenea al extender las llamas hacia la parte superior, representa un ejemplo de «ilegalidad», según San Sebastián. Además, «tenían moqueta, papel pintado en las paredes, doble techo de madera...», añade Luis Borrego, vecino del quinto y uno de los supervivientes rescatados por los bomberos. La concejala de Urbanismo, Julia Madrazo, por su parte, defendió la Posada de los Abrazos, como «la más legal del barrio».

De las once viviendas del número 34, siete funcionaban como pensión y tres de ellas ni siquiera tenían licencia de actividad, asegura el presidente de la comunidad, que presentará, probablemente hoy, una demanda contra el Consistorio por «negligencia». «No reunían las mínimas condiciones de habitabilidad», sentencia.

Uno de estos alojamientos, ubicado en la segunda planta, fue pasto de las llamas en mayo de 2002 por un incendio provocado por un huésped y estuvo un tiempo «clausurado», pero volvió a abrir sus puertas, señalan en la última denuncia.

«Camas calientes»

La tragedia ha destapado la existencia, junto a las pensiones sociales -hay 54 ONG registradas en el barrio-, de otras «clandestinas», regentadas por particulares que alquilan habitaciones sin contar con licencia para ello, apunta la Asociación Independiente de Vecinos de la zona. Es más, en algunos casos, cuando los hospedajes están completos, se han llegado a arrendar dormitorios «por horas»; una práctica que se conoce como «cama caliente» porque cuando se levanta un 'huésped' se acuesta otro, explica Juan Carlos Antón, portavoz de la agrupación.

En uno de los boletines del Plan de Rehabilitación de Bilbao la Vieja, el jefe de la comisaría de la Policía Municipal en la plaza de la Cantera recordaba incluso que hace tiempo detectaron casos de alquiler de colchones a inmigrantes «por 500 pesetas» para dormir en portales. «Cada día retirábamos cuatro o cinco», desvelaba en una entrevista.

La falta de control sobre este tipo de 'negocios' ilegales en una de las zonas más deprimidas de la ciudad propicia el «hacinamiento» y otras «situaciones irregulares» que los vecinos vienen denunciando ante el Ayuntamiento «desde hace meses».

Técnicos del Ayuntamiento comprobarán hoy si la estructura del bloque ha quedado dañada y si será necesario su derribo. Agentes de la Policía Científica de la Ertzaintza volverán al lugar a recoger pruebas. Mientras, los 31 vecinos realojados por el Ayuntamiento permanecían ayer en el albergue de Elejabarri, a falta de hoteles libres por la coincidencia con la feria de la Máquina-Herramienta.

El PP exige «explicaciones» al Ayuntamiento sobre el «control» que existía sobre el inmueble siniestrado y, al igual que PSE-EE e IU-EB, pide la comparecencia «lo antes posible» del concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Maiz.