El Ayuntamiento admitió ayer que carece de «herramientas legales» para frenar el hacinamiento destapado por el incendio de San Francisco en algunas viviendas, cuyos propietarios subarriendan habitaciones a distintas personas en busca de «beneficios desmedidos». Los vecinos aseguran que en el barrio proliferan pisos compartidos por hasta 20 individuos y es 'vox populi' la existencia de pensiones ilegales en San Francisco, Bailén y Cortes, entre otras calles. En un informe municipal incluido en el Plan Especial de Bilbao la Vieja se citaba como principales problemas de marginalidad los «alquileres abusivos a inmigrantes, las condiciones mínimas de salubridad, el estado deficiente de algunas viviendas y las pensiones ilegales».

La concejala de Urbanismo, Julia Madrazo, -en una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Seguridad Ciudadana, Eduardo Maiz-, explicó ayer que el Consistorio bilbaíno se encuentra con la «dificultad legal» de demostrar que esos pisos esconden en realidad negocios de hospedería encubiertos y que, cuando han intentado actuar contra alguno de ellos, los tribunales no les han respaldado.

Se trata de «una actividad privada que genera un beneficio a corto plazo a un particular; no es responsabilidad de la Administración. Nos cuesta muchísimo acudir a la vía judicial, y en las inspecciones no podemos hacer más que llamar a la puerta y escuchar al propietario». Madrazo diferenció entre tres figuras sujetas a distintas normativas: pensión, piso tutelado por una ONG -sería el caso de la Posada de los Abrazos- y vivienda particular que se arrienda parcialmente.

Por su parte, Eduardo Maiz, defendió la legalidad de la «pensión social» donde se originó el fuego, que se saldó con tres huéspedes y un vecino fallecidos en la madrugada del pasado sábado, y aseguró que contaba «con todos los permisos en regla». Había heredado la licencia del anterior hospedaje, la pensión San Asensio, y la noche de la tragedia acogía a 14 personas, cuando su capacidad era para 23.

La «red y el trapecio»

Respecto a la escalera interior que propagó la llamas del tercero al cuarto piso, los responsables municipales apuntaron que «llevaba ahí más de 30 años» y estaba «autorizada». «Casualidad, el incendio se ha producido en una pensión que tenía muy buenas condiciones», anotó el edil. Madrazo añadió que esta asociación «realizaba una labor absolutamente necesaria contra la exclusión social y daba una red a quienes se caen del trapecio».

El centenario edificio de madera había sido rehabilitado en mayo de 2004 e inspeccionado por última vez el pasado mes de diciembre por las áreas de Protección Civil, Sanidad y Policía Municipal, a raíz de una denuncia presentada por la comunidad de propietarios. Los vecinos advertían en el escrito del peligro de incendio por la acumulación de basuras y porque «algunos inquilinos cocinaban con hornillos» en el interior de las habitaciones. Los técnicos concluyeron que el bloque presentaba «buenas condiciones de habitabilidad», a excepción de algunas «deficiencias» en la red de saneamiento de algunas lonjas y suciedad acumulada en el patio trasero del cuarto derecha, que «no justificaban la intervención del Ayuntamiento» para el posible desalojo y clausura del inmueble.

El arquitecto que revisó ayer las plantas calcinadas descartó que la estructura del inmueble haya quedado dañada, mientras los vecinos continuaban sin poder regresar a sus viviendas. 33 adultos y 3 menores permanecen realojados por el Ayuntamiento en el albergue de Elejabarri y el resto en casas de allegados.