Con dos resoluciones emitidas este martes por tribunales de Versalles y Bourges, la Justicia francesa ha rectificado su criterio en una precedente negativa a entregar a España a acusados de pertenencia a ETA por sospechar entonces que las declaraciones inculpatorias habían sido obtenidas mediante torturas. El cambio de doctrina obedece a la entrada en vigor de la euro-orden, procedimiento sustitutorio de la extradición, basado en la confianza entre los dos países y materializado en el reconocimiento mutuo de sus decisiones judiciales.

El 16 de mayo de 2003 el Tribunal de Apelación de Pau rechazó la extradición de Xabier Irastorza y Markos Sagarzazu, reclamados por varios atentados atribuidos a mediados de los años 90 al 'comando Ibarla'. Los jueces esgrimieron la imposibilidad de despejar la duda sobre la hipótesis de que la confesión ante la Guardia Civil de su presunta cómplice Iratxe Sorzabal hubiese sido fruto de sevicias y malos tratos en los interrogatorios.

Casi tres años después, los tribunales de Apelación de Versalles y Bourges acaban de ordenar la entrega a la Audiencia Nacional de dos ex integrantes del comité ejecutivo de ETA como inductores y cooperadores necesarios de las actividades del 'comando Ibarla'. Se produce así la paradoja de que Asier Oiartzabal Txapartegi, 'Baltza', y Julen Atxurra Egurrola, 'Pototo', serán enviados en su día por París a Madrid para ser juzgados por atentados presuntamente cometidos por Irastorza y Sagarzazu, cuya extradición fue denegada por las autoridades galas.

La contradicción encuentra una explicación en el cambio normativo producido entre uno y otros fallos. Como argumenta la sentencia de Bourges, la decisión de Pau «emitida en el marco de una demanda de extradición no es trasladable a la situación actual de Atxurra Egurrola».

Además considera que la Corte no tiene que pronunciarse sobre la naturaleza de los cargos imputados ni sobre la manera en que fueron obtenidos pues «esas exigencias no están previstas por las normas jurídicas internas ni europeas que rigen la euro-orden». Por consiguiente, concluye que, «en toda hipótesis, sólo la jurisdicción enjuiciadora», es decir, la Audiencia Nacional, «debe descartar las pruebas obtenidas bajo la tortura».

«Inquietantes»

Los jueces de Bourges reconocen que los malos tratos denunciados por Sorzabal son «muy inquietantes». Pero, entre otros extremos, alegan que 'Pototo' ya ha sido objeto de dos entregas temporales a España, en 2002 y 2004, sin haberse «quejado de haber sufrido personalmente torturas o sido víctima de discriminación».

A Atxurra se le reprocha haber dado, en calidad de jefe del aparato logístico, el material para fabricar tres bombas que estallaron el verano de 1995 en la provincia de Valencia. Oiartzabal está acusado de haber dado la orden de cometer los atentados como co-responsable entonces de los 'comandos legales' junto a Marixol Iparragirre, 'Anboto'. Las imputaciones están contenidas en una euro-orden emitida el pasado 29 de diciembre por el juez Fernando Grande-Marlaska Gómez.