El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hizo ayer una promesa solemne en el Parlamento: el Ministerio Público trabajará para que los presos de ETA no sean excarcelados «ni siquiera un segundo antes de lo que la ley y la jurisprudencia permitan».

Conde-Pumpido, que ayer compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso, advirtió no obstante a la Cámara que la aplicación de la 'doctrina Parot' para el cálculo de las redenciones de penas puede generar «algunas dificultades», aunque aseguró que ya ha instruido a los fiscales para apoyar este nuevo sistema que alargará el tiempo en prisión de los terroristas más sanguinarios. Las dificultades a las que aludió se refieren a que algunos delincuentes comunes verán alargadas sus condenas.

El fiscal rechazó una y otra vez durante su intervención las acusaciones del PP de que el Ministerio Público ha reducido la presión sobre los internos de la banda terrorista. Lejos de admitir la relajación frente a las excarcelaciones de etarras, Cándido Conde-Pumpido insistió en que el único cambio de la Fiscalía frente a ETA ha sido ordenar aún «más rigor y endurecimiento» en el cumplimiento de las penas, aunque siempre bajo el «estricto respeto de la Constitución y la ley».

El objetivo del Ministerio Público en relación con los presos de ETA -señaló el fiscal- es y seguirá siendo impedir «la aplicación de beneficios penitenciarios indebidos». Es más, recordó que los fiscales tienen ordenes estrictas de evitar dar «la más mínima ventaja» a los terroristas, esos «asesinos de espeluznante historial delictivo con total falta de arrepentimiento, que muestran un absoluto desprecio hacia sus víctimas y que se niegan a aceptar las reglas del Estado de Derecho y de la democracia».

Conde-Pumpido lamentó la utilización política de las supuestas excarcelaciones inminentes de los etarras Ignacio de Juana Chaos y Henri Parot para atacar a la Fiscalía; calificó de «desgaste inútil, gratuito e irresponsable» las críticas a la carrera fiscal, sobre todo en el caso de Parot porque, dijo, «jamás hubo riego de una excarcelación inmediata»; y denunció el «vapuleo público» a los fiscales, de los que dijo «ni son borregos ni sumisos ni sensibles a las consignas ni susceptibles de presión».

El fiscal general dio cifras para ilustrar la dureza del Ministerio Público con los etarras frente a los «alarmistas y tremendistas» que apuntan una reducción de la presión sobre los terroristas: entre 2004 y 2005, la Fiscalía «consiguió» 305 sentencias condenatorias, con 12.819 años de cárcel. Además, concretó que 23 presos de los 49 cuya excarcelación estaba prevista para este año se verán afectados por la aplicación de la nueva doctrina y verán prolongada en varios años su permanencia en prisión. A título de ejemplo citó el caso de Francisco Gómez López, cuya salida de la cárcel estaba prevista para el próximo 14 de junio y ahora deberá permanecer en prisión hasta abril de 2019.

Las cifras y las explicaciones no convencieron al PP. Su portavoz, Ignacio Astarloa, que acusó a Conde-Pumpido de ser «parte muy singular e importante» del «juego de intereses políticos y partidistas», aseguró que la Fiscalía ha «puesto en cuestión» muchos de los «elementos del sistema jurídico» que hasta hace sólo unos meses estaban funcionando bien en la lucha contra ETA. «Siempre que se ha reclamado al fiscal general que hiciese presente al Estado de Derecho frente a los terroristas, la Fiscalía no estaba», explicó el parlamentario del PP, quien se felicitó de que «admirables jueces» hayan impedido la excarcelación de terroristas.

El fiscal general tampoco convenció al PNV, pero por motivos diferentes. Margarita Uría denunció que la justicia se está dedicando a construir una «doctrina peligrosa» para evitar la excarcelación de los etarras. En idéntica línea, el líder de IU, Gaspar Llamazares criticó que el Tribunal Supremo y la Fiscalía estén haciendo una «legislación de trinchera».

Alusión a Hernando

Cándido Conde- Pumpido comenzó su comparecencia con una velada referencia a la negativa del presidente del Supremo, Francisco José Hernando, a acudir el martes al Congreso para explicar la «aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo». Sin citar a Hernando, el fiscal general quiso dejar claro que, en su opinión, «cualquier poder público, sea cual sea su función o el lugar que ocupe en la estructura de poder del Estado, tiene como primera y más sagrada obligación responder ante los ciudadanos».

El fiscal general señaló que «no es concebible ningún poder ni función pública sin legitimación social, y en democracia toda legitimidad sin excepción emana de la voluntad de la ciudadanía, que precisamente está aquí representada».