La división de los grupos del Parlamento vasco impidió ayer a la comisión de Derechos Humanos aprobar una iniciativa del tripartito y Aralar en solidaridad con Unai Romano, cuya denuncia por presuntas torturas a manos de la Guardia Civil fue primero sobreseída por un juzgado de instrucción y, tras presentar recurso el denunciante, definitivamente archivada por la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que el supuesto maltrato no había quedado acreditado.

El texto -que se debatió tras escuchar la comisión a petición de EHAK el testimonio de Romano y el de otros dos denunciantes que han visto también archivados sus expedientes, Gaizka y Julen Larrinaga- manifestaba su «disconformidad» con las resoluciones judiciales del 'caso Romano', además de «criticar duramente la decisión adoptada por la Guardia Civil» de querellarse contra el joven, acusado en su día de colaborar con ETA, por falsa denuncia. Los proponentes daban por sentado que Unai Romano -cuyo caso obtuvo resonancia al publicarse una fotografía suya con el rostro hinchado y desfigurado, tomada al ingresar en la prisión de Soto del Real según su relato de ayer- «ha sufrido torturas», pedían que se aplique la presunción de inocencia antes a los detenidos que a las fuerzas de seguridad y se comprometían a llevar al Congreso una iniciativa para eliminar así el período de incomunicación de cinco días que permite la legislación vigente para los acusados de delitos de terrorismo.

Pese a que en principio todos los grupos abertzales además de EB coincidían en dar plena credibilidad a la versión de Romano, no hubo acuerdo. La votación en comisión quedó en tablas -con los ocho votos a favor de PNV, EA, EB y Aralar y los ocho en contra de PSE y PP- ya que el grupo de la izquierda abertzale, que había presentado su propia enmienda de totalidad, se abstuvo. Según explicó después su portavoz, Nekane Erauskin, EHAK perseguía un tratamiento «más general» de la tortura y aspiraba al reconocimiento de los denunciantes de maltrato en comisaría como «víctimas del conflicto». «Si no es así será muy difícil dar pasos a favor de su resolución», advirtió Erauskin, cuyo grupo instaba además al Gobierno vasco a que la Ertzaintza no aplique la incomunicación.

En cualquier caso, Erauskin se mostró abierta a negociar con el tripartito y Aralar ya que la propuesta deberá votarse de nuevo en la próxima sesión de la comisión y decaerá si se repite el empate. También aprovechó para vincular la tortura y la actual política penitenciaria con las recientes muertes de dos presos de ETA y para recordar el balance del TAT -Torturaren Aurkako Taldea, también presente ayer-, que cifra en 56 los casos de malos tratos denunciados el año pasado.

«República bananera»

El debate resultó tenso. El más crítico fue el representante del PP, Carlos Urquijo, quien acusó a los firmantes de la iniciativa de convertir el Parlamento en una «república bananera» y de «erigirse en jueces absolviendo y condenando sin rigor alguno». Urquijo, convencido de que su verdadera intención era «meter el dedo en el ojo» a los cuerpos policiales «que ustedes llaman españoles» y «desacreditarlos», se apoyó en los fundamentos del archivo del caso. Así, recordó que está «judicialmente probado» que Romano presentó una audiometría falsa para demostrar pérdida de audición como consecuencia de los supuestos golpes, que el forense definió su personalidad como «fría y exigente» e impropia de una persona torturada porque pidió registrarle el maletín y que se autolesionó.

El denunciante reconoció ante la comisión que decidió herirse a mordiscos en las muñecas «para salir de allí como fuera» y sostuvo que no pudo golpearse él mismo en la frente contra una pared como dicen las sentencias porque las pruebas médicas demuestran que tenía hematomas «por todas partes».

Aintzane Ezenarro, de Aralar, dijo sentir «miedo» ante el discurso de Urquijo, Rafael Larreina (EA) insistió en que tiene la «certeza total» de la veracidad de la versión de Romano, la jeltzale Elixabete Piñol exigió investigar «hasta el final» y el socialista Rodolfo Ares subrayó que la Cámara no puede «inmiscuirse» en la labor judicial.