Una norma que surge de un amplio acuerdo tiende a ser percibida por los ciudadanos de un modo positivo. En el caso de la futura Ley vasca de Aguas, la imposición de un canon enfría el entusiasmo, incluso en el supuesto de que sólo afecte a los que superan los 130 litros por persona y día. Aquí fijan sus promotores la frontera entre el uso responsable y el despilfarro, siguiendo una filosofía que renuncia a la pedagogía en favor de la recaudación. Los consumidores se preguntan si las administraciones están a la altura a la hora de garantizar el suministro y evitar fugas.