El Gobierno español se está viendo sometido en Bruselas a fuego cruzado, debido a su oposición a que Endesa, la principal eléctrica española, caiga en manos del alemán E.on. El secretario de Estado para la Unión Europea, Alberto Navarro, reconoció ayer durante un desayuno de trabajo con medios informativos nacionales que para el Ejecutivo «no es fácil» defender sus posiciones en la OPA del gigante germano.

La carta que la Comisión Europea remitió al Gobierno el pasado día 3, en la que reclamaba información sobre el decreto-ley que faculta a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para dictaminar en casos de estas características, es extremadamente dura, según Navarro, que no encuentra otro precedente de ese nivel que el escrito remitido en 1996 por el Ejecutivo comunitario al entonces vicepresidente del Gobierno, Francisco Alvarez-Cascos, en plena 'guerra digital' por el dominio del mercado de la televisión de pago.

Durante una cena de ministros de Mercado Interior celebrada el domingo en Bruselas, el representante holandés criticó a España por su reacción a la OPA de E.on, que calificó de «retorno al proteccionismo».

Navarro respondió que España es de los pocos países de la UE que está dispuesta a levantar las restricciones a la circulación de trabajadores de los nuevos socios del centro y del Este de Europa, lo que Holanda no ha hecho ni, al parecer, se plantea hacer.

El Gobierno tiene previsto contestar a los requerimientos de la Comisión haciendo valer la importancia del sector energético para la seguridad nacional y que Europa no sea un verdadero mercado interior de la energía, como lo prueba el hecho de que las interconexiones con Francia apenas satisfacen el 2,5% de la demanda española, a pesar de que la cumbre de Barcelona fijo un objetivo de 10% para 2005.

Las interconexiones y la necesidad de una regulación a escala comunitaria son las prioridades que el ministro de Industria, José Montilla, ve para el sector, según afirmó en una rueda de prensa.

Prórroga

El ministro reconoció que el Gobierno ha pedido un plazo adicional «de días» a la Comisión para responder a su escrito del pasado día 3, «entre otras cosas por respeto a la soberanía nacional, ya que el Parlamento no ha convalidado aún el decreto-ley». El Congreso lo analizará la semana que viene.

Montilla dijo haberse visto «sorprendido» por la rapidez con la que el Ejecutivo comunitario ha contestado a la promulgación del decreto-ley, aunque no con que se haya formulado la demanda de información en sí, que no se ha suscitado -recalcó- en el marco de un procedimiento de infracción.

España acumula actualmente un centenar de cartas de emplazamiento -primer paso de un procedimiento comunitario en regla- según el ministro, pero el decreto-ley es objeto, por el momento, de una demanda simple de información.