El fenómeno conocido como 'botellón' se está extendiendo entre una buena parte de la juventud española sin que las autoridades locales, los responsables educativos y los encargados de la seguridad hayan conseguido establecer un diagnóstico común y una terapia consensuada para hacerle frente. En estas circunstancias, se ha convocado para el próximo viernes en una decena de ciudades españolas una competición para conseguir organizar el mayor 'macrobotellón' de la historia.

Ante citas que se prevén masivas y casi imposibles de controlar, la responsabilidad inmediata de garantizar el orden público y los derechos del resto de los ciudadanos recaerá en los ayuntamientos. Los alcaldes y concejales reunidos en la Convención Municipal del PSOE del pasado fin de semana reclamaron una ley que les reconozca más poderes para combatir este tipo de fenómenos, olvidando que hace ahora cuatro años, con el PP en el poder, las normas que limitaban el consumo y comercio de alcohol en la vía pública fueron objeto de sospecha de anticonstitucionalidad por parte de la Junta de Andalucía o criticadas por el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José Bono. A raíz de aquellas medidas se vio la oportunidad de que las administraciones con más competencias en la materia -ayuntamientos y comunidades autónomas- legislaran para terminar con unas prácticas que rompen la vida pacífica de los barrios. Pero, lamentablemente, han sido pocas las autonomías que han aprobado normas o traspasado atribuciones suficientes a los entes locales, y menos aún las corporaciones que se han decidido a impedir eficazmente la práctica del 'botellón'.

La concentración de jóvenes y adolescentes en espacios abiertos con el único objetivo de beber por beber se ha convertido en objeto de análisis por parte de sociólogos y educadores. El uso del alcohol como medio de socialización y desinhibición en una sociedad cada vez mas marcada por el individualismo no es, en absoluto, patrimonio exclusivo de nuestros jóvenes, pero sí resulta alarmante comprobar cómo entre una parte importante de ellos prima el desprecio por los derechos de los demás ciudadanos e incluso la destrucción de los bienes públicos. No se trata de aplicar medidas desproporcionadas de represión, pero una sociedad que renuncia a imponer entre sus jóvenes el espíritu cívico y a frenar el consumo masivo e indiscriminado de alcohol en sus calles puede pecar de ser incluso más inmadura que quienes convocan ese tipo de 'concentraciones'.