La comisión constitucional del Congreso y la delegación del Parlament aprobaron ayer el Título del Poder Judicial del Estatut con los votos en contra del PP y el rechazo de ERC y EA a cinco artículos. Según queda ahora el texto, los magistrados, jueces y fiscales que ocupen una plaza en Cataluña deberán acreditar el conocimiento «suficiente y adecuado» del catalán y el derecho propio, pero su manejo no se considerará «requisito» indispensable para acceder al cargo.

La comisión constitucional acordó dejar el catalán como un «mérito» que se valorará «específica y singularmente» en los concursos pertinentes. La ponencia ya había introducido cambios para rebajar las pretensiones de las fuerzas catalanas respecto a las condiciones exigibles para ejercer la judicatura. Sin embargo, el PSOE se dejó un fleco pendiente. El artículo 102 establecía que el conocimiento del catalán era un «requisito» para los magistrados «y el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia en Cataluña».

Ayer, los socialistas lograron el apoyo suficiente para modificarlo a través de una enmienda que sólo fue rechazada por ERC y por el PP, que exigía la supresión de todo el título III del Estatut, dedicado a las competencias de la Generalitat sobre la Administración de la Justicia. Los populares sostienen que en catorce artículos se rompe la unidad de la Justicia. El portavoz del PSOE, Diego López Garrido, calificó de «falsedades» las imputaciones del popular Ignacio Astarloa y aseguró que lo único que hace el Estatuto catalán, y lo que hará la reforma en marcha de la ley orgánica del poder judicial, es adaptar la Justicia al Estado de las autonomías.

Selecciones «nacionales»

Por otra parte, el PSOE ha convocado para mañana una reunión multilateral con los partidos catalanes para tratar de cerrar un acuerdo sobre la gestión del aeropuerto de El Prat. Este asunto es el único escollo en el pacto estatutario entre los socialistas y CiU y el último gancho al que podría agarrarse ERC para modular su postura y rebajar el rechazo al texto en el que está instalado.

La comisión constitucional debatirá mañana sobre las competencias recogidas en el proyecto autonómico, entre las que se encuentran las de puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la calificación legal de interés general. En este apartado no entra, pues, el aeropuerto de Barcelona. Pero los socialistas quieren cerrar ya el debate. Su portavoz en el Parlamento, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dedicado los últimos días a negociar una solución satisfactoria para todas las partes.

Ayer, todos los partidos menos el PP defendieron el capítulo que define y blinda las competencias exclusivas de la Generalitat y las compartidas con el Estado. En esta apartado se incluye el artículo relativo a las selecciones «nacionales» de Cataluña, que, según confirmaron fuentes de la negociación a 'Europa Press', acabará por desaparecer del texto al no haberse alcanzado un acuerdo entre el PSOE y las fuerzas catalanas.