No existe un mercado común europeo de la energía, sino 25 situaciones individuales, algunas más abiertas a la competencia que otras. En consecuencia, exigir una apertura de este sector, sin una armonización previa en la UE, «crea más problemas de los que resuelve». Con este argumento, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, justificó, en un debate celebrado el lunes a la noche en el Eurogrupo -integrado por los ministros de Economía de la zona euro-, las medidas adoptadas por el Ejecutivo español contra la OPA de E.on sobre Endesa. Entre ellas cabe destacar la ampliación de poderes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que este organismo pueda analizar la operación.

Según explicó, el negocio energético merece una atención especial debido a sus especificidades. «No es realista pretender que, partiendo de condiciones geográficas y físicas distintas, con estructuras de producción y políticas diferentes, procedamos a un allanamiento de las fronteras internas europeas para el sector de la energía, y que todo vaya a funcionar bien desde el primer momento», dijo.

Si se abre el mercado sin antes armonizarlo, advirtió, se puede dar la paradoja de que los países que han cumplido sus compromisos de liberalización resulten penalizados.

Solbes dio por sabido que cada Estado miembro protege a su sector energético de una u otra manera: «unos a través de las ayudas al carbón, otros manteniendo la titularidad pública de las empresas, los terceros con las acciones de oro, y así sucesivamente», dijo, refiriéndose a los diferentes recursos que emplean los socios comunitarios para dificultar la acción de la competencia en sus respectivos mercados energéticos.

Mercado abierto

También insistió en que España no es una de los países más 'blindados', sino todo lo contrario. A su juicio, la estructura de la propiedad de sus sociedades o el hecho de que dos empresas públicas comunitarias del sector de la energía estén presentes en su mercado prueban su tesis.

El vicepresidente económico confirmó, asimismo, que el Ejecutivo ha decidido solicitar un plazo adicional de varios días, para contestar a las demandas de información de Bruselas sobre el Decreto ley que modifica las competencias de la Comisión de la Energía, en el enjuiciamiento de ofertas de adquisición de acciones.

La víspera, el ministro Montilla había anticipado esta decisión, pero ayer, un portavoz comunitario afirmó que no constaba a la Comisión tal demanda. Solbes aseguró que la carta en cuestión llegaría a Bruselas en las próximas horas.

No existe indicación de cuál vaya a ser la respuesta del Ejecutivo comunitario a esta demanda, pero un rechazo causaría extrañeza, sobre todo si, como reiteraba ayer Solbes, el plazo adicional que se reclama es de pocos días.

Por otro lado, la CNE anunció ayer que tardará en tornmo a cuatro meses en analizar la OPA presentada por E.on, en el ejercicio de sus nuevas competencias, ante la complejidad del asunto.