Las noticias del Instituto Nacional de Estadística sobre la inflación de febrero son tranquilizadoras, tras los malos registros anteriores. El Índice de Precios al Consumo bajó dos décimas, dejando un crecimiento interanual del 4% (3,9% en Euskadi). La mejoría del índice se ha debido a la bajada de las comunicaciones y el vestido, pero sobre todo del tabaco y las bebidas; y pese a que podría ser una influencia pasajera, ha sido suficiente para que el Gobierno haya respirado después del tirón alcista del IPC a principios de año, confiando en que la tendencia a la moderación se mantenga durante el ejercicio y que éste acabe con una tasa acumulada interanual por debajo del 3%. Pero la realidad es que existen factores que cuestionan esta perspectiva. La inflación subyacente -la que mide el cambio en los precios sin sus componentes más volátiles- sigue estando muy alta, casi el 3%, lo que la sitúa 1,7 puntos por encima del dato de la zona euro, con lo que el diferencial acumulado desde la entrada en vigor de la moneda única es ya del 11%. Los observadores cualificados calculan que la inflación española al final del año podría ser del 3,5% si no se toman medidas correctoras.

El Gobierno, que en política monetaria poco más puede hacer que esperar que el Banco Central Europeo continúe subiendo los tipos de interés, cuenta en cambio con un apreciable margen para actuar en el terreno de la estructura económica. La lucha contra la inflación, especialmente si se tiene poca discrecionalidad en materia monetaria, requiere determinación política para aplicar un esfuerzo simultáneo en muchos frentes. La reforma de los mercados laborales, la apertura a la competencia o el control del gasto público son campos que ayudarían a mejorar nuestra economía. Pero es vital que estas medidas se apliquen antes de que el diferencial de precios con nuestros socios comerciales expulse a las empresas españolas de los mercados de competencia internacional.