La situación que vive Pilar Elías, concejala del Partido Popular en Azkoitia y viuda del militante de UCD asesinado por ETA Ramón Baglietto, ha evidenciado una vez más las diferencias existentes entre los partidos con representación en el Parlamento vasco, incapaces de elaborar una declaración conjunta de apoyo a la edil amenazada.

El caso de Elías se dio a conocer a finales del año pasado. La concejala popular denunció que Kándido Aspiazu, uno de los miembros del comando terrorista que asesinó a su marido en 1980, había comprado una cristalería en los bajos de su vivienda y tenía que cruzarse con él todos los días. A mediados de febrero, la Audiencia Nacional ordenó el embargo de los bienes de Aspiazu para que pagase con sus bienes a la viuda y los hijos del fallecido la indemnización de 10 millones de pesetas a que fue condenado. Este caso también sirvió para avivar la polémica sobre la posibilidad de dictar para los miembros de ETA órdenes de alejamiento de sus víctimas o familiares.

Un mes más tarde, la discusión ha vuelto al Parlamento vasco, donde el 'caso Elías' ha surgido esporádicamente durante los últimos meses. El PP había presentado una proposición en la que, además de pedir la solidaridad con esta edil, recordaba que «se ha visto sometida a la terrible injusticia de enfrentarse a diario con quien, sin haber mostrado el más mínimo arrepentimiento y sin haber hecho frente a las indemnizaciones debidas, asesinó a su marido, Ramón Baglietto».

Esta propuesta fue rechazada por el tripartito -PNV, EA y EB- y Aralar, que, por su parte, presentaron una enmienda a la totalidad a la petición de los populares en la que plantean que el Parlamento se solidarice con Pilar Elías, «ratifique su compromiso con los derechos humanos de todas las personas» y haga un llamamiento a la sociedad vasca a «tomar iniciativas de reconciliación».