Más determinados que nunca, los estudiantes franceses an celebrado hoy su segunda jornada de acción programada esta semana contra el nuevo y controvertido contrato para los jóvenes, el CPE, que el Gobierno conservador se niega a retirar.

Con cerca del 70% de las universidades y decenas de institutos han acudido a las manifestaciones convocadas en toda Francia, haciendo de la huelga de hoy una auténtica prueba de fuerza. Un pulso que puede cambiar el destino del primer ministro, Dominique de Villepin, que, pese a su caída en picado en las encuestas, no está dispuesto a dar su brazo a torcer en esta reforma laboral que él personalmente ha impulsado.

Ha reconocido, en una entrevista que hoy publica la revista París-Match, que "es verdad" que en el CPE ha querido "ir rápido", pero se muestra convencido de lo bien fundado de esa medida y ha dicho que la defenderá "hasta el final".

Villepin, que cuenta en este frente de lo que llama su "batalla por el empleo" con el apoyo del presidente Jacques Chirac, tendrá la ocasión de renovar esta tarde -por enésima vez en lo que va de semana- su oferta de diálogo a los sindicatos, también opuestos al CPE, por considerarlo una institucionalización de la precariedad.

Su ministro delegado de Empleo, Gérard Larcher, ha dicho que su puerta está "abierta" para negociar "modificaciones" del CPE, especialmente en lo que respecta al periodo de prueba de dos años.

Por su parte, el titular de Educación, Gilles de Robien, se ha dirigido hoy a los estudiantes para recordarles que el CPE, que facilita el despido de los menores de 26 años en ese periodo de prueba, no les afectará hasta dentro de unos años y les ha pedido que piensen en los jóvenes que "están ahora en el paro".

Un razonamiento que no ha tenido gran eco entre los cientos de miles de estudiantes que han empezado ya a manifestarse en diferentes ciudades francesas. Sólo en Marsella han salido a la calle entre 7.000 y 15.000, incluidos también profesores.

Cerca de un millón de personas en la calle

Pero las miradas se han dirigido al cortejo organizado en París y que hechó a andar a a primera hora de la tarde. Entre las manifestaciones de estudiantes de hoy y la interprofesional convocada el próximo sábado se estima que se habrán hechado a la calle entre 500.000 y un millón de personas.

Y si el Gobierno se muestra inflexible en ese punto, idéntica actitud mantiene el principal sindicato de estudiantes, la Unef. "Nada es posible sin la retirada del contrato de nueva contratación (CPE), al menos para los estudiantes", ha dicho hoy el presidente de este sindicato, Bruno Julliard, quien se ha mostrado convencido de que "el Gobierno no podrá aguantar en esta postura inflexible" si las movilizaciones de hoy tienen éxito, algo que vaticina. Su único temor es que puedan producirse altercados, que Julliard atribuye a elementos ajenos al movimiento estudiantil.

Las autoridades temáin que jóvenes de los barrios periféricos conflictivos pudieran introducirse en los cortejos con ánimo de enfrentarse con los agentes antidisturbios, a quienes el titular de Interior, Nicolas Sarkozy, les pidió que dieran ejemplo de "contención, sangre fría y estricto respecto a la deontología".

Los ánimos también empiezan a crisparse entre los estudiantes huelguistas y los que están a favor de retomar las clases. Esta mañana se produjo un enfrentamiento entre ambos bandos en la universidad Arsenal de Toulouse, en el sur de Francia , y la facultad afectada tuvo que ser cerrada por los destrozos.

Y es que empieza a cobrar cuerpo un colectivo anti-bloqueo, que ha presentado ante la justicia recursos en París, Grenoble, Rennes, Tours y Lille, al tiempo que una petición a favor de retomar los cursos ha recogido más de 36.000 firmas.

Pero los detractores del CPE han obtenido hoy el apoyo de una personalidad inesperada: el arzobispo de Dijo, Roland Minnerath, quien estima que "atenta sobre los derechos de las personas".