La Justicia de Bolivia dejó ayer en libertad bajo fianza a los dos principales ejecutivos de la petrolera Andina, filial de Repsol-YPF en ese país, tras ser retenidos e interrogados durante seis horas en el marco de la investigación a la compañía por un supuesto contrabando de crudo. El español Julio Gavito, presidente de la empresa, y su director de operaciones, el argentino Pedro Sánchez, deberán abonar una fianza de 400.000 bolivianos -poco más de 40.000 euros-, no podrán salir del país y tendrán que presentarse una vez al mes ante los fiscales del caso.

Ambos directivos se presentaron voluntariamente a declarar el martes a las 20,30 horas de la noche (1,30 de la madrugada en España), casi una semana después de que la Policía irrumpiera en la sede central de la petrolera para detenerles y tomarles declaración. No se encontraban allí y desde entonces habían permanecido en paradero desconocido. Tras ser interrogados durante seis horas, fueron trasladados en un vehículo policial, escoltado por 14 policías, hasta las celdas de la Policía Técnica Judicial de Santa Cruz hasta que el juez decretó su libertad bajo fianza. Esa decisión demuestra que el ministerio público «exageró su actuación», declaró su abogado, Abel Montaño.

Repsol YPF manifestó su «satisfacción» por la puesta en libertad de los dos directivos y confió en que esa medida constituya «un avance significativo e irreversible» en el esclarecimiento de los hechos. El caso, que se ha convertido en una pesadilla para la petrolera, se remonta al pasado mes de febrero, cuando el ex director de la Aduana Nacional Ricardo Alba presentó una demanda para investigar a Andina. Esa institución acusa a la empresa del contrabando de 230.400 barriles de crudo, valorados en unos 7,7 millones de euros, con destino a Argentina y Chile entre 2004 y 2005. La petrolera sostiene que no existe delito penal y que en el supuesto de que hubiera cometido un error administrativo «pagará lo que haya que pagar».

«Señales negativas»

La fiscalía cursó citaciones para que los directivos acudieran a declarar el 24 de febrero y el 9 de marzo. Ante la negativa de ambos a comparecer, ordenó su arresto en dos ocasiones. La primera orden se canceló cuando ambos se comprometieron a acudir la pasada semana. Como no lo hicieron y, además, desaparecieron, los fiscales irrumpieron en la sede de Repsol en el país andino con un amplio dispositivo policial. Según aseguraron, en esa operación encontraron información para acusar de un segundo caso de contrabando por el ingreso de equipos extranjeros valorados en 8 millones de dólares e instalados en una planta de procesamiento de gas en el sur de la nación andina .

El Gobierno español protestó por las medidas contra Repsol. La respuesta del presidente boliviano, Evo Morales, fue que su Ejecutivo no intervenía en el caso porque la competencia es del Poder Judicial. Sin embargo, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), que agrupa a las multinacionales petroleras, advirtió que las acciones contra las empresas y directivos del sector son «señales negativas» porque «siempre dejan secuelas entre las partes, y lo que es peor, mandan una señal negativa a los inversores».