Uno: Bolivia es una nación soberana y Evo Morales ha sido elegido de manera democrática. Es decir, su Gobierno tiene todo el derecho del mundo a orientar su política interna y externa como desee y a hacer cumplir las leyes con independencia del tamaño del sujeto pasivo de quien se trate. En consecuencia, si Repsol ha infringido alguna norma debe pagar por ello.

Dos: Considerando el monto del supuesto delito aduanero, unos 7,7 millones de euros, y la capacidad financiera del supuesto infractor -Repsol-, es evidente que la reparación del eventual daño causado a la Hacienda boliviana podría haber quedado fácilmente garantizada desde el ,primer momento con un un simple aval bancario. En consecuencia, detener de forma preventiva a sus dos máximos responsables en la zona que, además, se habían presentado voluntariamente ante la Justicia del país es un atropello intolerable y una auténtica desmesura.

Tres: Siendo así, es también evidente que la nueva Bolivia desea enviar un mensaje a la comunidad internacional. Puede hacerlo, pero no evitar que se le escuche y que cada uno de los oyentes saque sus propias conclusiones. Las multinacionales causan problemas, pero también solucionan otros. En este mundo cruel no es neutral ni la aspirina, que causa ardor de estómago. entre otros inconvenientes. Hay que elegir; y, si se opta por atraerlas para financiar el desarrollo del país, no se pueden hacer cosas como las sucedidas en la fiscalía de Santa Cruz.

Cuatro: El Gobierno español tiene que actuar, inmediatamente y con toda energía. Nuestros intereses son también legítimos y hay que defenderlos. Bolivia es soberana para hacer lo que quiera, luego también es responsable de lo que hace.