La ejecutiva del PSE-EE transmitió ayer al comité de empresa de Babcock la necesidad de abrir un periodo de paz social en la compañía de bienes de equipo, que permita a sus gestores demostrar que son capaces de conseguir una cartera de pedidos adecuada para garantizar el mantenimiento de la actividad industrial. A cambio, los socialistas vascos se proponen pedir al grupo público Sepi que aumente las garantías salariales con las que cuenta la plantilla de Babcock, que finalizan en octubre de este mismo año, y que adopte otras medidas complementarias para mantener un cierto control sobre el proceso.

Este planteamiento es compartido por el Gobierno vasco, cuyos responsables de Industria se entrevistarán el próximo día 28 con los representantes sindicales de Babcock. Hace ya algunos meses, la consejera Ana Aguirre reconoció en público que la salida a la empresa debía venir de la mano de sus actuales propietarios, la multinacional Austrian Energy.

Por su parte, los directivos de Babcock han transmitido a la Administración que en los próximos meses se van a dilucidar contratos muy importantes, sobre los que se muestran esperanzados. El primero de ellos, cuya resolución se espera para mediados de mayo, es una nueva instalación de gasificación de carbón para China, por un importe próximo a los 40 millones de euros. Según las estimaciones realizadas por la firma, la cartera de pedidos -que en la actualidad se sitúa en una situación crítica, entre ocho y diez millones de euros-, puede incorporar otros 120 millones adicionales en lo que resta de año.

Dirigentes socialistas transmitieron ayer al comité que es necesario garantizar un alto grado de paz social para evitar que el deterioro de la imagen de la compañía ponga en peligro esos contratos. Todo ello, desde la base de que no existe otra alternativa ya que ningún grupo industrial solvente ha manifestado su deseo de adquirir las acciones de Babcock.

Más garantías

El PSE, cuyos responsables reconocieron haber consensuado una posición común con el Gobierno vasco, van a pedir a la Sepi que aumente la garantía de salarios de la plantilla por un periodo de otros tres años. Esta medida, que finaliza el próximo mes de octubre y que protege parcialmente a los trabajadores frente a cualquier situación de despido o cierre de la empresa, fue concedida en 2001, en el momento de la privatización.

Además, los socialistas y el Ejecutivo autónomo quieren que la sociedad estatal amplíe el control sobre los terrenos de Babcock. Hasta enero de 2007, si la firma quiere desprenderse de ellos, necesita la autorización de la Administración española. El objetivo es que ese 'visto bueno' se extienda uno o dos años más para comprobar si Austrian Energy es capaz de darle viabilidad al negocio.