La detención y posterior puesta en libertad bajo fianza de los dos principales ejecutivos de Repsol en Bolivia, acusados de contrabando de petróleo, ha tensado considerablemente las relaciones político-comerciales entre Madrid y La Paz. Nadie pone en duda que Bolivia no puede tolerar la existencia de conductas ilegales en el sector energético y que a su sistema jurídico le asiste todo el derecho a investigar las causas cuya evolución lo justifique, y a castigar cualquier comportamiento que infrinja las leyes. Y es evidente que en un Estado democrático y de derecho, como el boliviano, la separación de poderes ha de garantizar la autonomía del poder judicial. Pero con todas estas salvaguardas, la importancia comercial en Bolivia de una empresa como Repsol habría aconsejado actuar con un gran cuidado antes de arrojar una sombra de sospecha sobre sus actividades y convertir meras infracciones de las normas aduaneras en delitos de mayor calado.

Teniendo en cuenta el volumen de operaciones que realiza Repsol en el país andino, no es descartable que se haya cometido alguna irregularidad que ya se encargará la investigación de dilucidar en qué medida fue, o no, involuntaria. Ahora bien, aun habiendo indicios, el monto de la operación -cerca de siete millones de euros- no justificaba en ningún caso la aparatosa detención de sus dos principales ejecutivos en la zona; máxime cuando ambos habían acudido al país de manera voluntaria y se habían presentando ante el tribunal para facilitar la acción de la Justicia. Es evidente que Repsol puede garantizar con sus avales la reparación de cualquier perjuicio que eventualmente se haya producido para la Hacienda boliviana, convirtiendo en innecesario recurrir a medidas tan extremas y que amenazaban con desbordar el espacio de lo jurídico para entrar de lleno en el ámbito de la política e incluso afectar a las relaciones internacionales; lo que nunca es bueno en este tipo de contenciosos.