El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó anoche el ingreso en prisión incondicional del ex portavoz de Gestoras pro Amnistía Juan Mari Olano como inductor de los delitos de desordenes públicos, coacciones y estragos por los 114 actos violentos ocurridos el pasado jueves a consecuencia de la jornada de huelga convocada por Batasuna. Entre dichas acciones menciona la colocación por ETA de cuatro artefactos explosivos en carreteras de acceso al País Vasco, informaron fuentes jurídicas.

El juez afirma en su resolución que, «en grado de seria probabilidad», los hechos ocurridos durante la huelga «fueron exigidos por el frente militar de la organización terrorista ETA y posteriormente orquestados y planificados por su frente político e institucional, frente de masas, del que Juan María Olano resulta dirigente».

El auto de prisión agrega que «buena prueba» de ello es que «participó en distintas concentraciones y manifestaciones en los días previos y, lo que es más importante, tomó parte activa con un papel preferente en la rueda de prensa del 5 de marzo, donde se hacía el llamamiento público a la jornada finalmente planificada».

El magistrado decreta prisión en base a la gravedad de los hechos imputados, la pena que llevan aparejados y el patrimonio incriminatorio que incurre en la persona de Olano, que está procesado en la causa contra Gestoras pro Amnistía. También destaca el pronóstico razonable de «reiteración delictiva» que incurre en su caso, ya que desde septiembre de 2005, fecha en la que quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros -que posteriormente se redujo a 60.000- «ha vuelto a incurrir en conductas similares» a las que motivaron su primer ingreso en prisión.

Olano se negó a contestar a ninguna pregunta ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Llegó a la Audiencia Nacional acompañado por casi una decena de abogados y fue representado por Jone Goirizelaia. Entre los letrados estaba Arantza Zulueta, también imputada y que declarará hoy, al igual que el secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga; y los dirigentes de Batasuna Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.

Tras la negativa de Olano a declarar, se celebró una vistilla en la que las dos acusaciones personadas en la causa, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, pidieron al juez su ingreso en prisión incondicional. Por el contrario, los fiscales Juan Moral y Jesús Alonso no solicitaron la adopción de medidas cautelares.

Actos vandálicos

El abogado Juan Carlos Rodríguez Segura, en nombre de la acusación que ejerce la AVT, basó su petición en la reiteración delictiva y en que participó, como inductor, en los más de 80 ataques o actos vandálicos cometidos en el País Vasco desde que se convocó la huelga y ésta se celebró. Alegó además riesgo de fuga, recordando que Olano se fugó a Francia cuando se investigaba la causa contra Gestoras. Fue detenido en Bayona el 3 de diciembre de 2001 y extraditado a España el 13 de noviembre de 2003.

Por su parte, el abogado Joaquín Ruiz Infante, en representación de Dignidad y Justicia, justificó el ingreso en prisión de Olano en que pertenece a Batasuna y contribuye a su actividad, cuya ilicitud fue declarada por el magistrado el pasado 17 de enero. Como prueba de esta pertenencia, la asociación esgrime que participó en la presentación del documento 'Por encima de las agresiones, hacia un proceso de resolución del conflicto', que firmaban Batasuna y otras organizaciones.

Orden constitucional

En el auto a través del cual citó a declarar a los dirigentes de Batasuna, el juez Grande-Marlaska señalaba que «se han producido en distintas localidades del País Vasco y otras adyacentes una pluralidad de hechos delictivos: colocación de artefactos explosivos, inutilización de accesos a locales, interrupción de las vías públicas..., que han puesto en entredicho no sólo la paz pública, sino el mismo orden constitucional». El magistrado consideraba a los imputados inductores de estos actos.

En este sentido, el juez explicaba que la jornada, «que se denominaba de 'huelga', sin justificación conocida», excepto «el fallecimiento de (los presos de ETA) Igor Angulo y Roberto Saiz Olmos, no venía avalada por partido político legalmente constituido, y como tal, residente de un interés social constitucionalmente reconocido».

«Si bien es cierto -precisaba el magistrado- que en cierta medida viene auspiciada por el sindicato LAB, su propio lema, 'Dispersión asesina', no encaja suficientemente con los principios que de forma esencial deben regir la actuación de organización de tal naturaleza de los derechos de los trabajadores». Agregaba que «buena prueba» de ello es que la huelga fue anunciada por Otegi y Barrena, mientras que representantes de LAB «se limitaron a apoyar» el llamamiento público.