La mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional, siete contra cinco, rechazaron ayer el recurso que el PP interpuso el pasado 2 de noviembre contra la tramitación del Estatuto catalán, por considerar que el proyecto era en realidad una reforma encubierta de la Constitución. La sentencia, que incorporará cinco votos particulares, tardará varios días en redactarse.

El resultado de la votación es idéntico al que se produjo hace mes y medio, cuando los doce magistrados tomaron en consideración por primera vez este recurso de amparo. La segunda deliberación ha sido necesaria porque, según la ley, para no admitir un recurso cuando no existe unanimidad es preciso consultar al fiscal antes de realizar una segunda votación, en la que ya es posible rechazar la demanda por mayoría simple.

Los siete magistrados de la mayoría defendieron en la primera deliberación que el recurso no se podía admitir a trámite porque tiene «una carencia manifiesta de contenido constitucional», es decir, porque no hay materia sobre la que pronunciarse. El pleno no vio ninguna vulneración de los derechos fundamentales de los diputados del PP.

Esta postura coincide con la que expresó hace un mes la Fiscalía en su informe al tribunal. El ministerio público entiende que los magistrados no pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad del texto estatutario hasta que se apruebe en las Cortes y sea sometido a referéndum, es decir, hasta que tenga rango de ley. Se trata del mismo argumento con el que hace un año el Constitucional rechazó un recurso similar del PP contra la tramitación por el Parlamento vasco del plan Ibarretxe.

El PP esperó hasta el último momento, en el instante mismo en que comenzaba el debate sobre la admisión o no de la propuesta en el pleno del Congreso, para recurrir el acuerdo del resto de los grupos en la Mesa de tramitar el proyecto como una reforma estatutaria, y no constitucional. Reclamó la suspensión inmediata del procedimiento pese a saber que el tribunal no tenía tiempo para acordarla y denunció que la Mesa «vulneró» el Reglamento de la Cámara al calificar como reforma estatutaria lo que consideran que es un cambio encubierto y profundo de la Carta Magna que, de prosperar, produciría «una mutación constitucional».

Por tal motivo, el recurso solicitó del tribunal que anule los acuerdos de la Mesa, ordene al Congreso la tramitación del proyecto como una reforma de la Constitución y declare la vulneración de derechos. Y es que el PP sostenía que el órgano de dirección del Congreso «lesionó» el derecho constitucional de sus diputados «a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas, con los requisitos que señalen las leyes». Es decir, su derecho a haber intervenido en el procedimiento parlamentario que se habría producido de haberse aceptado la tramitación del texto como una reforma de la Constitución. El grupo parlamentario sostuvo que la admisión como reforma estatutaria de la propuesta catalana supone «un claro fraude cons- titucional» que ocasionará un «perjuicio irreparable».

Gestión del aeropuerto

La decisión del Constitucional se conoció horas después de que el PSOE hiciera en la comisión constitucional del Congreso un alarde de fuerza ante CiU. El partido del Gobierno aprovechó los votos del PP para suprimir de la reforma del Estatut los artículos que hablaban de la participación de la Generalitat en la gestión de puertos y aeropuertos de interés general. Las fuerzas catalanas han convertido la gestión del aeropuerto de Barcelona en su último caballo de batalla y se niegan a aceptar la oferta socialista para constituir un consorcio con representación mayoritaria del Estado. El PSOE fue ayer claro: o aceptan o se quedarán sin nada.

La última propuesta del partido del Gobierno -rechazada la noche del martes por CiU, ICV y ERC- insistía en la creación de una sociedad mixta en la que la parte estatal llegue al 51% y la catalana al 49%. El consorcio tendría competencias en «operaciones de tierra y operaciones de aire, excluyendo las de control de navegación aérea», una formulación demasiado ambigua desde la perspectiva nacionalista.

Los socialistas cuentan con varias armas de presión. Están dispuestos a transferir a Cataluña las competencias sobre puertos, pero no lo harán si los partidos catalanes no aceptan sus condiciones sobre el aeropuerto de El Prat. Ayer fueron más allá y vincularon el pacto sobre el aeródromo a otros dos artículos: el que hablaba de la participación de selecciones deportivas catalanas en competiciones internacionales y el que dejaba en manos de la Generalitat el pago de las prestaciones por desempleo.

Los votos del PP sirvieron para eliminar ambos del texto, y esto tiene ya difícil remedio. Lo que aún es posible arreglar es el tema del aeropuerto. La comisión constitucional debatirá y votará mañana la disposición sobre El Prat. Los socialistas creen factible convencer a los convergentes, pero avisan: «Si no hay acuerdo, no pasa nada».