El Gobierno tripartito, las tres diputaciones y los ayuntamientos vascos formaron ayer un frente común contra el anteproyecto de ley de Dependencia presentado por el Ministerio de Trabajo para asegurar la asistencia de las personas impedidas. El consejero Javier Madrazo, los diputados forales de Asuntos Sociales y Karmelo Sáinz de la Maza, presidente de la Asociación de Municipios vascos (Eudel), acusaron al Ejecutivo de Zapatero de vulnerar competencias exclusivas de la comunidad y de «discriminarla» junto con Navarra. Ambas autonomías han sido excluidas del reparto de 200 millones de euros con los que arrancará el Sistema Nacional de Dependencia este año. El motivo aducido es que resuelven sus cuentas a través de sus Conciertos.

Los recelos de las instituciones vascas eran conocidos, pero han decidido pronunciarse de forma colectiva cuando faltan unos días para la reunión que mantendrán con la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcárcel. Ayer recordaron que los servicios de dependencia de Euskadi (residencias, centros de día y teleasistencia) abarcan al 12% de los mayores de 65 años (unas 50.000 personas). La Diputación de Vizcaya destina más de 120 millones al año; la guipuzcoana, 100 millones y la alavesa, 99 millones. Las cifras no son comparables entre sí, pero, según el diputado vizcaíno Juan María Aburto, demuestran que los gobiernos forales gastan tres veces más que lo exigido en el anteproyecto. Fuentes del Ministerio de Trabajo reiteraron su disposición a «escuchar aportaciones y aclarar dudas».

Las quejas formuladas ayer por las instituciones vascas se concretaron en una declaración que fue leída por el consejero Madrazo y por Esther Larrañaga, diputada guipuzcoana de Política Social. El texto tacha el actual borrador de «confuso» en una cuestión esencial: cuánto dinero debe poner Euskadi y cómo debe desembolsarlo; bien mediante una aportación directa, o bien mediante un descuento del Cupo, que es el sistema considerado más «lógico».

El cuarto pilar

Madrazo aclaró que nadie cuestiona que se reconozcan más derechos al ciudadano y que pueda exigirlos en los tribunales. Lo que reprocha al Gobierno central es que se conduzca con «ambigüedad» cuando habla de la financiación de la futura ley, del catálogo de derechos y de cómo garantizarlos; en cambio, «se muestra prolijo» e «invade competencias» al establecer la organización y los procedimientos para materializar las prestaciones.

«La dependencia es el cuarto pilar del Estado de Bienestar, con las pensiones, la educación y la sanidad», dijo el consejero de Asuntos Sociales, que no se opone a una regulación estatal de la dependencia ni de otras cuestiones; sin embargo, exigió que el anteproyecto sea «más respetuoso con la legalidad» y «más coherente y soste- nible». En realidad, para los responsables de los servicios sociales de Euskadi, la lectura del anteproyecto «induce a pensar» que las autonomías, las diputaciones y los municipios no tienen sus propios organismos en esta materia.

Desde un punto de vista jurídico, las administraciones vascas creen que el Gobierno central se equivoca al basar su borrador en el artículo 149.1.1. de la Constitución. Esa disposición le otorga «competencias exclusivas» para garantizar la igualdad de los ciudadanos en derechos y deberes constitucionales; sin embargo, el Ministerio de Trabajo lo habría interpretado de una forma excesiva al «establecer el amplio conjunto de regulaciones que contempla el anteproyecto». Según los cargos públicos de Euskadi, resultaría «más coherente y adecuado» que el Gobierno invoque sus competencias de Seguridad Social, ya que así lo reconoce el 'libro blanco' del ministerio sobre cómo organizar la atención a las personas dependientes.

La declaración leída ayer también considera «discutible» que no se contemplen como beneficiarios de la futura ley a los menores de 3 años ni a los inmigrantes. «No queda suficientemente establecida y garantizada la aplicación de principios y criterios de equidad, progresividad y no exclusión que deben aplicarse en un sistema que se pretende universal», dice el texto.

Según Madrazo y Esther Larrañaga, el anteproyecto tampoco ofrece «una respuesta global o integral» a las personas dependientes ni tampoco «a la dependencia como fenómeno». «Poco o nada se dice -prosiguieron- de las respuestas que se dan desde los servicios sanitarios, los sistemas de pensiones y, en última instancia, desde el entramado o sistema de bienestar o protección social», señalaron. j.munoz@diario-elcorreo.com