El concejal del PNV Unai Grajales criticó ayer al equipo de gobierno municipal y a los taxistas por la polémica suscitada después de trascender que los chóferes vetan el servicio a los clientes que con anterioridad lo hayan solicitado y luego no lo hayan usado. El edil peneuvista recordó que su grupo envío una carta al alcalde «hace quince días» en la que le instaba a intervenir en el asunto.

Tras anunciar que Alfonso Alonso no ha respondido al comunicado, Grajales censuró la «vulneración» por parte de la empresa «de los derechos de los consumidores, del reglamento del taxi y de la Ley de Protección de Datos». Además, para el edil nacionalista, el gobierno municipal viene realizando en este tema «una dejación absoluta de sus funciones».

Grajales entiende que Radio Taxi «se salta a la torera la legislación vigente», aun reconociendo que los profesionales «tienen que cobrar sus servicios». Para ello les invitó a formular las correspondientes denuncias ante la Policía Municipal, como les ha ordenado el Gobierno vasco. Grajales confía en «la seriedad» de la empresa para rectificar su postura, pero pidió «penalizaciones» para la misma.

Su grupo quiere que el gobierno municipal remita cuanto antes un nuevo reglamento del taxi con el fin de debatirlo. «Pero no sólo para contemplar esa especie de sanción que han ideado antes supuestos abusos». Los peneuvistas pretenden que la nueva norma reguladora del gremio contemple «las quejas que hace mucha gente, como por qué tardan tanto cuando se les llama, por qué no hay coches en las paradas, por qué son tan caros, cuántos taxis más debería tener Vitoria con los nuevos barrios o la regulación de los horarios de trabajo».