Las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social en concepto de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se ajustarán en función del nivel de riesgo y la siniestralidad de la actividad que desarrollen. Esa medida figura en un acuerdo alcanzado por el Gobierno, la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT para mejorar la seguridad laboral. Su objetivo es incentivar la adopción de medidas de prevención en un intento de frenar una lacra social que se cobra tres vidas cada día. El pacto establece también la elaboración de un nuevo catálogo de enfermedades de trabajo, similar al recomendado por la Unión Europea, pero ampliado en el capítulo de los cánceres que pueden estar provocados por el desarrollo de determinados empleos.

El documento, fruto de intensas negociaciones, sólo está pendiente de firma; y ese trámite, de la actitud que adopte la CEOE sobre su permanencia en el proceso de diálogo social, ya que el consenso es fruto de las conversaciones iniciadas en julio de 2004 con una declaración conjunta en el palacio de La Moncloa.

La negociación de medidas para reducir los siniestros laborales, y mejorar las condiciones de trabajo y la atención a los ocupados y a las víctimas de accidentes se inició en 1988. Desde entonces, los agentes sociales y el Gobierno han sido incapaces de aunar posturas, pese a la grave situación que atraviesa España en esa materia. No en vano, concentra el 20% de los accidentes de la UE. Dos tercios los sufren trabajadores con contratos temporales, según UGT.

990 muertos

El pasado año, 990 personas fallecieron en el desempeño de sus tareas, 35 más que el ejercicio anterior; y se produjeron 906.386 accidentes con baja, un 3,45% más que en 2004. El 8,4% de estos siniestros se registraron en centros que carecían de medidas preventivas; y en el 57% de los casos, no se había realizado ningún estudio de evaluación de riesgos. Aparte del coste en vidas humanas y de la lacra social que supone esta realidad, se encuentra su impacto económico, que equivale al 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB), según estudios recientes. El retraso de España en este ámbito es tal que el mercado de trabajo tardará una década en sentir todos los beneficios que conllevan los cambios, afirman fuentes de CC OO.

Una de las principales medidas del acuerdo es el ajuste de las cotizaciones que pagan las empresas por accidentes y enfermedades profesionales, en función del riesgo de la actividad que desarrollan y de la siniestralidad que se registre en esas áreas. La tarifa media que abonan equivale al 2,78% de las retribuciones de los empleados.

Cuando entre en vigor el pacto, los porcentajes más altos corresponderán a las tareas relacionadas con la construcción; un sector que emplea al 12,54% de los ocupados en España y que, sin embargo, concentra el 26,69% de los siniestros. El número de percances en él aumentó un 8,26% el pasado año, lo que supuso la peor evolución de la economía nacional. Las tasas más bajas se pagarán en los trabajos de oficina. Su cuantía estará sometida a una revisión anual para adecuarse a la realidad; y 'premiar' o 'castigar' el comportamiento en materia de seguridad de las distintas actividades.

'Bonus-malus'

Javier Torres, miembro del departamento de salud laboral de CC OO, ha explicado que, como primer paso, habrá que reducir considerablemente el número de epígrafes que cubren las distintas actividades. Ahora rondan los 130 y con la reforma bajarán a una veintena.

El Gobierno y los agentes sociales abandonan así la idea de imponer el sistema de 'bonus-malus' barajado durante años, que suponía elevar la tarifa en las empresas con más accidentes y bajarla en las que no registraran siniestros. Fuentes próximas a la negociación indicaron que ese modelo es muy complejo de aplicar.

Respecto al nuevo catálogo de enfermedades profesionales, Torres resaltó que lo más importante es que la declaración pasa de ser una iniciativa del empresario a responsabilidad del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y de las mutuas de accidentes y enfermedades profesionales. También se fija la posibilidad de que el sistema público de salud abra un diagnóstico de probable patología laboral, lo que obligará a su comprobación.