El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, echó ayer un nuevo jarro de agua fría en la negociación del Estatuto de Cataluña. En esta ocasión, puso en duda la validez del pacto que sellaron en La Moncloa, el pasado 21 de enero, el jefe del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición catalana, Artur Mas. A juicio del president, aquel acuerdo fue «forzado, dudoso y algo precipitado», y su resultado puede incluso representar un retroceso en el estatus de Cataluña como comunidad autónoma. En este sentido recordó que «somos una nación para nosotros pero nacionalidad para los españoles», lo que, a su modo de ver, puede ser «menos» que en el Estatuto de 1979.

Maragall se expresó en estos términos durante su respuesta a una pregunta formulada por Mas en la sesión de control del Parlamento catalán al Gabinete tripartito. Aunque contundente en el fondo de su razonamiento, el presidente de la Generalitat intentó dulcificar la forma: «estamos decidiendo después de 25 años, y probablemente por 25 años más, el lugar que ocupa Cataluña en la política española, y creo que se está haciendo razonablemente bien, pese al pie forzado de un acuerdo que a mí me parece dudoso y quizás un poco precipitado», afirmó.

Maragall se refirió, en este sentido, a la definición de Cataluña como nación que figurará en el nuevo Estatut dentro del preámbulo y no en el articulado, como consecuencia del pacto suscrito entre el PSOE y CiU. Así las cosas, dijo, y «aunque es cierto que España nos reconoce como nacionalidad, eso hoy es menos que en 1979, ya que en este año las nacionalidades eran tres, las tres históricas, mientras que ahora hay 7 ó 8 reconocidas y, en pura teoría, nada impide que finalmente hayan 17 nacionalidades».

Al aportar su argumentos sobre la «fragilidad» del pacto entre Zapatero y Mas, el presidente de la Generalitat también se refirió a la tensa y difícil negociación sobre la gestión del aeropuerto de Barcelona. De hecho, dijo, éste es el «principal escollo» del acuerdo, porque «Cataluña se juega el futuro y estar o no en el escenario europeo».

Una ley específica

A ojos del PSOE, sin embargo, en estos momentos, una vez que las fuerzas catalanas han rechazado la oferta socialista de un consorcio con mayoría estatal para la gestión del aeródromo, la única opción factible es sacar esta cuestión del Estatuto y empezar a negociar una ley específica sin prisas. El portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, sostuvo ayer que ésta es la solución más «lógica» porque el tema es complejo y requerirá meses de negociación.

Rubalcaba aseguró que seguirá hablando, pero en la práctica los partidos catalanes ya sólo tienen el derecho a la 'pataleta'. Los votos del Partido Popular le bastan al PSOE para suprimir de la reforma la disposición adicional tercera, en la que la Generalitat se arroga las «facultades estatales» en la gestión de los aeropuertos de interés general situados en Cataluña.

Si el PSC, CiU, ICV y ERC se avienen a su solución, esa disposición se sustituirá por un texto que comprometa al Gobierno con la ley mencionada. Si no, simplemente desaparecerá.