A la Administración de Justicia le han salido dos nuevos órganos para aplicar la ley: el Parlamento vasco de Casación y el Gobierno autónomo de Tercera Instancia e Instrucción. El primero se ocupa de revisar aquellos casos ya sentenciados por los tribunales en los que el fallo ha sido contrario al denunciante, siempre que éste tenga vínculo directo con el 'conflicto' vasco.

El último caso que se debate en el legislativo de Vitoria es el de un denunciante de torturas en el que los forenses han acreditado que unas lesiones no pudieron producirse como asegura el interesado y otras ni siquiera existían cuando éste salió de dependencias policiales. Caso en el que se ha descubierto una falsificación de documentos para simular determinada gravedad de las secuelas y sobre el que ya han fallado un juez de instrucción y una sala de Audiencia contra el denunciante.

El Gobierno de Tercera Instancia, a su vez, se ocupa de corregir las actuación de los juzgados ordinarios, en especial los de la Audiencia Nacional, emitiendo unos dictámenes que suenan como fatwas islámicas: perseguir a Arnaldo Otegi es «una insensatez política y un sinsentido jurídico», dice lo último en jurisprudencia del Ejecutivo vasco.

Las críticas a las actuaciones judiciales contra los miembros de la izquierda abertzale tienen apenas dos líneas argumentales. La primera de ellas la constituyen las descalificaciones ad hóminem de los magistrados que toman les resoluciones cuestionadas: pretenden ser jueces estrella, sólo buscan emular a Garzón o, como afirmaban ayer los presos de ETA, son jueces fascistas. Los que no son de ETA moderan el lenguaje y dicen que se trata de jueces del PP o que le hacen el juego a este partido. Dicho esto ya no hay necesidad de aportar ninguna otra razón, ni siquiera probar los supuestos lazos con el PP. Quedan acreditados por el hecho mismo de lanzar la acusación.

La segunda línea argumental es abiertamente de naturaleza política: no se puede encarcelar a un supuesto interlocutor, perseguir a la izquierda abertzale es boicotear el «proceso» (el judicial no, el otro), los jueces no tienen que impedir el camino a la paz... En resumen, el derecho y la ley deben quedar orillados en función de criterios de oportunidad política establecidos desde fuera de la judicatura. Los jueces no deben actuar contra delitos y presuntos delincuentes porque políticamente no interesa.

Lo grave de este argumento es que, si se admitiera, no habría ninguna defensa intelectual para impedir que se aplicara a la inversa: es decir, que una persona pudiera ser perseguida y encarcelada porque resulta políticamente interesante y oportuno para alguien. Entonces, mejor dejar que los jueces actúen con acuerdo a la ley. Sin más.